Madrid, 26 may (EFE).- La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha exigido al Gobierno derogar la Ley de Vivienda, que "agrava" el problema de los jóvenes, y ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "ejecutar todo el presupuesto ministerial".
Martín, que ha participado este lunes en el Club Siglo XXI, ha afirmado que el desequilibrio entre oferta y demanda ha alcanzado niveles históricos bajo el actual Gobierno, pues "se construyen de manera anual 100.000 pisos, pero ya hay un déficit de 600.000 y los precios no paran de crecer".
Sin embargo, ha criticado que este pasado 2024, "el Ministerio de Vivienda dejó el 60 % de su presupuesto sin ejecutar en 2024", por lo que ha acusado a Sánchez de "vender humo" al prometer la construcción de 184.000 viviendas que "nadie sabe dónde están".
La popular también ha instado a Sánchez a que deje de "amedrentar y amenazar" a las comunidades que no aplican la Ley de Vivienda, puesto que "las cifras han demostrado su fracaso", y ha incidido en que esta regulación ha "demolido el mercado del alquiler".
"La solución pasa por construir más vivienda, no por intervenir el mercado", ha incidido Martín, que se ha preguntado "cómo se entiende que se diga que para el Gobierno la vivienda es una prioridad y luego no se gaste el dinero que tiene adjudicado?".
La popular ha defendido el plan de Vivienda que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ido desgranando en los últimos meses y que contempla la creación de un fondo estatal de garantía de alquiler, "un seguro de impacto" para quienes alquilen a menores de 40 años, o una bonificación del 75 % de las rentas del alquiler por arrendar pisos vacíos desde hace dos años.
Asimismo, en los últimos meses, Feijóo también ha planteado crear avales a la fianza del alquiler para los jóvenes financiados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y promover la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para vivienda habitual o en alquileres específicamente dirigidos a jóvenes.
También ha planteado que, durante un período de excepción de 48 meses, la mitad de las nuevas viviendas estén reservadas a vivienda asequible y a precio tasado, bajo una nueva figura del "proyecto residencial estratégico" o la tramitación de una nueva Ley del Suelo.
Otra de las medidas ya anunciadas ha sido la de exigir al Gobierno que ponga suelo público a disposición de los constructores para edificar nueva vivienda asequible y que "expulse a los okupas" que residen en viviendas propiedad de la Sareb para sacarlas al mercado de alquiler. EFE
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