El Juzgado de Instrucción Número 7 de Madrid ha citado como investigado para el próximo 27 de mayo al director general de Transformación Digital de Justicia, Aitor Cubo, por un presunto delito de falsificación de documentos públicos.
Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la juez Susana Trujillano explica que adopta esta decisión por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 25 de abril estimó el recurso de un particular que pidió ampliar una denuncia que había presentado.
La primera denuncia tuvo su origen en 2023 por una presunta "alteración" en el vídeo de la declaración de su hijo, menor de edad, en un juzgado de violencia contra la mujer en Valladolid. La grabación incluida en la causa era "del todo inaudible, siendo absolutamente imposible entender sus palabras", según apuntaba en la denuncia, a la que también ha tenido acceso esta agencia de noticias.
El hombre se comunicó con el Centro de Atención al Usuario de apoyo al juzgado, que pertenece a la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio. Y, según recoge en su denuncia, le respondieron que no había manera de recuperar el audio del vídeo.
En septiembre de 2024, el particular quiso ampliar su denuncia al considerar que la presunta "manipulación" del vídeo y del "portafirmas" había tenido lugar en los servidores del Ministerio de Justicia en Madrid.
"Concretamente, (...) en la sede de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, (...) que es el lugar físico donde se encuentran instalados los servidores desde donde se lleva a cabo el proceso de firmas y su validación de toda clase de resoluciones judiciales", apuntaba el particular en el recurso que estimó la Audiencia de Madrid, al que también ha tenido acceso Europa Press.
El denunciante insistía en que los hechos a los que hace referencia "tienen una especial trascendencia para la Administración de Justicia y para la seguridad jurídica". Y, a su juicio, "corresponde al Ministerio de Justicia y a su director general, como investigado, que conteste, con todas las garantías procesales que le corresponden, cómo es posible que estos hechos puedan producirse en los sistemas y en los servidores del Ministerio de Justicia".
El hombre recalcaba que el asunto no respondía a "un software 'local', ni autónomo de cada juzgado o de cada provincia, como razona equivocadamente este juzgado, sino que, en este caso, se trata de aplicaciones que son competencia, exclusiva, técnica y jurídica del Ministerio de Justicia, como en su propia página web indica, y los hechos ocurren en sus servidores, ubicados en Madrid".
La Audiencia Provincial da la razón al denunciante al considerar que los hechos sí habría tenido lugar en Madrid, donde se encuentran instalados dichos servidores. "En consecuencia procede estimar el recurso interpuesto debiendo admitirse a trámite la ampliación de la denuncia presentada", señalan los magistrados, en el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Así, ordenan al juzgado madrileño a "practicar las diligencias necesarias para la investigación de los hechos" y dejan sin efecto la decisión de la instructora de enviar el caso a los juzgados de Valladolid. Por lo que la juez finalmente ha fijado para el 27 de mayo la citación de Cubo.
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