Madrid, 21 may (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles en el Congreso la creación de una Orden de Retorno Europea común para migrantes de terceros países que se encuentran en la Unión Europea de forma irregular, con efectos en todo el territorio comunitario.
Marlaska ha apoyado la propuesta de reglamento de la Comisión Europea para establecer un sistema común de retorno en la UE durante su comparecencia en el Congreso, a petición del PP, para informar sobre esta iniciativa europea y su futura aplicación en España.
El ministro ha precisado que esta propuesta, adoptada por la Comisión Europea en marzo, aún tiene que pasar por el Parlamento y el Consejo, por lo que "está abierta al debate" y ha defendido sus principales puntos, como el "reconocimiento mutuo" de las decisiones de retorno de cada país por los otros.
Un reconocimiento que, en opinión del ministro, debería ser "ágil" y para el que "ayudaría" la "ejecución obligatoria" de esta orden por el país miembro donde se encuentre la persona extranjera a retornar.
Marlaska ha explicado que esta orden común permitirá compartir información sobre las decisiones de los diferentes países a través del Sistema de Información Schengen y promovería la eficacia del sistema, ya que evitaría que se tengan que iniciar nuevos procedimientos en otros países.
Ha enmarcado esta norma en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que ha puesto en valor porque permitirá garantizar la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades en materia migratoria entre los Estados miembros.
"Solidaridad y reparto equitativo que me gustaría recordar que en nuestro país y respecto a los menores, la oposición parece no entender", ha apuntado el ministro.
Marlaska ha asegurado que el reglamento incentiva el retorno voluntario y restringe el forzoso (mediante orden de expulsión) a quien no coopere, se fugue a otro Estado miembro, no abandone la Unión Europea en el plazo establecido para la salida voluntaria o suponga un riesgo para la seguridad.
Y para este último grupo establece normas específicas, como mayores plazos de internamiento y de prohibición de entrada.
La norma incorpora algunas "cautelas", como que los países a los que se retorna a las personas deben respetar los derechos humanos y no se aplicará a menores no acompañados y familias con niños.
A la hora de poner en funcionamiento este modelo, Marlaska ha llamado a aclarar los condicionantes de los acuerdos con terceros países y su relación con los centros de tránsito de retorno, que plantean "muchas dudas desde el punto de vista jurídico, humano, operativo y económico".
Más allá de "soluciones innovadoras poco garantistas y cuya eficacia no ha sido probada", el ministro ha abogado por potenciar la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito, que, en el caso de España, ha conseguido evitar en origen el 40 % de las salidas irregulares.
En la misma línea, ha insistido en la necesidad de reformar el reglamento de Frontex para que actúe en el norte de África y África occidental y mejorar la financiación en prevención para los países fronterizos: "Somos nosotros quienes gestionamos las fronteras exteriores de toda la Unión Europea", ha destacado. EFE
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