El PNV ha registrado este viernes en el Congreso una proposición para la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con el objetivo de que sea este órgano judicial el que "tenga la última palabra" sobre los traspasos de competencias, y evitar que los tribunales ordinarios "los bloqueen", como ha ocurrido recientemente con la homologación de títulos universitarios extranjeros.
La formación jeltzale ha presentado esta iniciativa después de que el pasado mes de abril el Tribunal Supremo anulara la transferencia a Euskadi de esta competencia acordada entre las Administraciones del Estado y vasca.
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la portavoz del Grupo Vasco en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, ha criticado que haya "tribunales ordinarios" que rechacen las transferencias entre ambos Gobiernos que "son beneficiosas para la ciudadanía".
"Pedimos que el tribunal final, la jurisdicción, sea del TC. Porque ahora son los tribunales ordinarios los que dictan sentencias en ese ámbito de las competencias. Y esas sentencias, a veces, entran en el fondo, en torno al ámbito competencial, y se están rechazando las decisiones que se están tomando entre el Gobierno español y el Gobierno vasco", ha explicado.
Por ello, ante la falta de "un árbitro neutral", reclama que el Tribunal Constitucional "tenga la última palabra en estas cuestiones".
De esta forma, el PNV cumple el anuncio que realizó Vaquero hace una semana durante una pregunta parlamentaria al presidente Pedro Sánchez, cuyo respaldo espera recibir.
"Las decisiones que finalmente tomamos, y que se toman en las comisiones bilaterales, como es el tema de las homologaciones universitarias, son decisiones que benefician a nuestros ciudadanos", ha justificado la portavoz jeltzale.
En este sentido, ha lamentado que, con la anulación de la competencia de homologación de títulos, unas 200 personas que se necesitaban para Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se quedaran en "un limbo". "Lo que queremos es que, cuando esa transferencia se acuerde, esa transferencia se haga realidad", ha subrayado.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
Según explica, la iniciativa registrada, "los acuerdos de las comisiones mixtas de transferencias y de las juntas de seguridad están preordenados a complementar una parte relevante del bloque de constitucionalidad, como es la distribución de competencias".
En este sentido, apunta que el artículo 161.1.c) de la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de los de Estas entre sí.
"Es, por ello, necesario habilitar una instancia procesal que abra la posibilidad a que el Tribunal Constitucional, como el órgano superior en garantías constitucionales que es según el artículo 123.1 Constitución, pueda revisar la interpretación de las competencias estatales o autonómicas", recoge la Proposición de Ley.
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