La fiscal del 'procés' dice que Puigdemont "no puede venir a España sin ser detenido" aunque el TC avale la amnistía

La ex fiscal general del Estado y fiscal del 'procés', Consuelo Madrigal, ha sostenido este lunes que el expresidente catalán Carles Puigdemont, contra quien pesa una orden de arresto por el 1-O, "no puede venir sin ser detenido" y puesto a disposición del Tribunal Supremo (TS), incluso en el caso de que el Tribunal Constitucional (TC) avale la ley de amnistía.

"Ahora mismo tiene unas órdenes de detención y (...) no puede venir sin ser detenido y puesto a disposición del tribunal, cuya acción ha eludido. Esto es así", ha dicho en el marco de un coloquio organizado por 'Artículo 14'. No obstante, ha matizado que después será el Supremo quien decida cómo actuar.

Interrogada sobre qué hará el TC con la ley de amnistía, Madrigal ha expresado su confianza en la corte de garantías: "Es el garante de la constitucionalidad de las leyes y creo que debe hacer su función, y que la hará".

Pese a ello, ha lamentado que, en los últimos dos años, y en base a estadísticas elaboradas por la Fundación Hay Derecho, "en 2022 el 8,9% del volumen de la actividad del TC se resolvió por bloques de 7 a 4, dando la casualidad de que ese 8,9% constituía el 100% de los asuntos de trascendencia o relevancia de interés político". Ya en 2023, la cifra subió al 29%. "Las cifras hablan por sí mismas", ha subrayado.

Y, a su juicio, la Presidencia del TC que ha ejercido hasta ahora Cándido Conde-Pumpido, con quien ha dicho que tuvo "una relación personal buena" cuando trabajaron juntos, tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Tribunal Supremo, no ha sido de "debate". "A mí me parece extraño. Creo que debe debatir más", ha afirmado.

Sobre la ley de amnistía, ha incidido en que espera que, "en un asunto de tanto calado, esta pauta quiebre" y se resuelva por unanimidad o al menos por una amplia mayoría. "El caso demanda ese consenso, que no es un consenso, sino un enjuiciamiento crítico y constitucional de una ley que tanto ha dividido a la sociedad española, pero no a la comunidad jurídica, que es prácticamente unánime en su rechazo", ha enfatizado.

LA SEPARACIÓN DE PODERES, EN "CRISIS"

Por otro lado, al ser preguntada sobre si la separación de poderes vive un "momento crítico", por las críticas desde el Gobierno y otros políticos a jueces y fiscales, Madrigal no ha dudado en contestar que, "por varias razones, sí".

En su opinión, "esta es una manifestación externa de la crisis de la separación de poderes", si bien ha añadido que hay otras, recalcando en este sentido que "las resoluciones judiciales se combaten por la vía de los recursos, por la crítica jurídica y con prudencia cuando se ostentan cargos públicos".

"Cuando se trata de representantes del poder político, el desbordamiento de las líneas prudenciales en la crítica no pone alas a la confianza de la ciudadanía en el respeto que puedan tener a las decisiones judiciales, que deben ser siempre respetadas y que pueden combatirse por la vía legalmente establecida, que es la de los recursos", ha razonado.

En la misma línea, preguntada por las acusaciones de 'lawfare', ha respondido que "es una alegación políticamente populista", además de "una estrategia defensiva mala".

"UN DESEO DE MAYOR CONTROL"

Precisamente, para reforzar la confianza de la ciudadanía en la Justicia, Madrigal ha vuelto a defender que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería haber dimitido tras ser encausado por el TS por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Para Madrigal, "es un error" que continúe en el cargo porque, en contra del argumento esgrimido por García Ortiz, de que "esto hace mas fuerte a la institución, "al contrario: la debilita enormemente", porque ahonda en su "deslegitimación ante la opinión pública y la merma de la confianza de la ciudadanía en la institución".

La fiscal de sala del TS también ha criticado la nueva unidad especializada creada por García Ortiz para combatir los delitos contra la administración pública, al estimar que para eso ya está la Fiscalía Anticorrupción. Así, ha señalado que su creación "se debe a un deseo de mayor control" sobre los delitos de corrupción porque aproximará las "pautas" sobre los mismos a las que dicte García Ortiz.