El Gobierno espera que Bruselas "dé el visto bueno" al quinto pago en las próximas semanas

El quinto desembolso del plan de recuperación europeo, con 23.900 millones de euros, está condicionado a la reforma del impuesto al diésel y la coordinación entre administraciones públicas, según Mercedes Caballero

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Madrid, 5 may (EFECOM).- La secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, ha asegurado que el Gobierno espera que Bruselas "dé el visto bueno" al quinto pago del plan de recuperación en las próximas semanas, aunque todavía queda pendiente el aumento del impuesto al diésel que enfrenta a los socios del Ejecutivo.

El quinto desembolso asciende a 23.900 millones de euros entre ayudas y préstamos e incluye 84 hitos y objetivos, según ha explicado Caballero durante su intervención en el acto "Looking at the future", organizado por EY, donde ha detallado que para su elaboración se han redactado más de 325.000 documentos.

Uno de los compromisos que condicionan parte de las ayudas directas es la reforma para elevar el impuesto al diésel, una medida enfrenta a los socios de Gobierno, ya que Podemos dice que solo lo apoyará si se saca adelante también un gravamen permanente sobre las compañías energéticas y éste decayó en el Congreso por el rechazo de Junts y PNV.

Según Caballero, el plan de recuperación es "una oportunidad enorme", pero también un "reto" de gestión en el que están involucradas todas las administraciones públicas, y ello conlleva "un esfuerzo de coordinación enorme por parte del Ministerio de Hacienda".

De hecho, ha indicado que más de 7.000 empleados públicos han sido formados, además de que se ha apoyado a aquellos que tienen una capacidad administrativa "más limitada", como es el caso de los municipios.

Sobre los fondos de cohesión, Caballero ha remarcado que en España "no se ha perdido ni un solo euro" y su ejecución se sitúa en el entorno del 98-99 %.

No obstante, ha explicado que la Comisión Europea está analizando una nueva propuesta de modificación de estos programas para que den respuesta a los retos actuales, como vivienda asequible, defensa, innovación y agua y clima, además de llevar a cabo una modernización para que "los elementos de gestión y de control reduzcan los costes regulatorios de la política".

En su opinión, estos costes regulatorios "no pueden ser tan altos", ya que "el énfasis y la energía que ponemos en el control acaba siendo excesiva", y no tanto en el desarrollo de la política o proyecto en cuestión. "Esto es algo que entre todos los países tenemos que pensar", ha añadido.

Sobre el reto de la defensa, ha reconocido que es "una preocupación enorme" para los países del este de Europa y que comparten frontera con Ucrania y Rusia, cuya principal demanda gira en torno a lo que denominan "infraestructuras de despliegue", es decir, "infraestructuras que permitan movilizar rápidamente maquinaria militar hacia las zonas de conflicto o facilitar un despliegue efectivo".

Ha reconocido que es "una situación extremadamente complicada" y ha puesto el ejemplo de un representante de uno de estos países, que insistía en que "resulta muy difícil llevar a cabo una política de cohesión en una zona fronteriza bajo amenaza constante", ya que ninguna industria "va a querer instalarse en un lugar donde podría caer una bomba en cualquier momento". EFECOM

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