El Ayuntamiento de Maracena (Granada) denuncia al exalcalde Julio Pérez (PP) por prevaricación

Los informes técnicos aportados por el Ayuntamiento de Maracena sostienen que las consultas realizadas sobre personas y entidades ajenas al funcionamiento administrativo ordinario del municipio no constan justificadas por procedimiento oficial, expediente administrativo ni registro que avale su finalidad pública. Así lo consignó el consistorio en una nota recogida tras la denuncia presentada contra el exalcalde Julio Pérez, del Partido Popular, quien ejerció su mandato desde junio de 2023 hasta abril de 2024.

Según informó el medio, el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada acordó la apertura de diligencias previas luego de recibir la denuncia impulsada por el actual gobierno local, formado por PSOE, IU y Maracena Conecta. La acusación recae sobre Julio Pérez por la posible comisión de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El Ayuntamiento sostiene que el anterior regidor habría ordenado la contratación de una empresa dedicada a preparar informes económicos y patrimoniales sobre distintos individuos y sociedades, entre los que se encontraban miembros de la oposición, personas desvinculadas de la gestión municipal e incluso empresas asociadas a integrantes del propio Partido Popular.

Tal como detalló la fuente, los servicios municipales confirmaron que ninguna de las áreas consultadas solicitó ni recibió los informes mencionados. El Ayuntamiento consideró este hecho como un indicio de que las actuaciones se habrían realizado fuera de los cauces regulares de la administración, lo que fortalecería la sospecha de que los documentos se obtuvieron para fines distintos de los institucionales.

El portavoz socialista en el equipo de gobierno, Antonio García Leiva, valoró ante el medio que la actuación expuesta constituye “un patrón especialmente grave de utilización de instrumentos de la administración para recabar información sobre adversarios políticos, empleando para ello dinero público y recursos institucionales”. García Leiva recordó que el exalcalde admitió durante un pleno municipal que efectuaba dichas indagaciones sobre sus rivales políticos, argumentando que era su deber como alcalde, adoptando así facultades que corresponden únicamente a la autoridad judicial.

De acuerdo con lo publicado, la denuncia incluye otra supuesta irregularidad en la contratación de una abogada externa para representar al Ayuntamiento en procedimientos judiciales contra la oposición municipal. Según indica la denuncia, esta adjudicación directa se habría concretado sin seguir los pasos legales establecidos para que una entidad pública pueda ejercer acciones judiciales, y sin que existiera dictamen jurídico previo ni autorización del pleno. El documento indica que el exalcalde habría firmado personalmente la hoja de encargo profesional, con un pago inicial previsto de 10.000 euros más IVA, prescindiendo del procedimiento preceptivo de contratación pública y del informe jurídico necesario según el régimen local vigente.

Los servicios jurídicos municipales, citados por el medio, consideran que los hechos podrían corresponder con delitos de prevaricación administrativa, por la presunta emisión de resoluciones arbitrarias, y malversación de caudales públicos, al destinar fondos municipales a objetivos que, según la denuncia, no guardan relación con el interés general. El procedimiento judicial, ahora en fase de diligencias previas, se centra en la verificación y calificación de estas presuntas irregularidades administrativas y penales, a la espera de nuevas actuaciones procesales.