Santander, 5 may (EFE).- El hombre acusado de prender fuego de forma intencionada en un local comercial suyo en el bajo de un edificio de la localidad cántabra de Santoña, lo que obligó a evacuar a una treintena de vecinos del inmueble y afectó a varios coches, ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de ocho años de prisión.
La Fiscalía, la defensa del acusado y las acusaciones particulares han alcanzado un acuerdo de conformidad antes de la celebración del juicio, fijado para este lunes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander.
El ministerio público solicitaba once años de prisión por el delito de incendio y tres años por el de lesiones, así como el pago de una indemnización total de 183.600 euros, aunque tras el acuerdo se ha rebajado la petición de pena a ocho años de cárcel e incrementado la indemnización a más de 214.000 euros.
Los hechos, ocurridos en 2021, constituyen, a juicio de la Fiscalía, un delito de incendio con peligro para las personas, por el que solicita seis años, y un delito de lesiones con instrumento peligroso, por el que pide otros dos años.
El ministerio fiscal entiende que concurre la circunstancia atenuante de anomalía psíquica, pues el acusado padecía un trastorno de personalidad con alteración de comportamiento que afectaba levemente su capacidad volitiva, pero no así la intelectiva.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, aceptado por el acusado, actuó "movido por el resentimiento hacia sus vecinos y con pleno desprecio hacia sus vidas e integridades físicas" y utilizó una llama viva para prender fuego a un local del que era copropietario.
Tras ello, echó a correr y abandonó la localidad de Santoña en un vehículo pero, en ese momento, pasaba por la calle un hombre conduciendo su coche con las ventanillas bajadas que se vio sorprendido y alcanzado por la onda expansiva.
Esta persona comenzó a dar gritos y a llamar a los telefonillos para despertar a los vecinos y también alertó a la Guardia Civil.
El fuego no llegó a entrar en las viviendas, pero el humo abarcó toda la altura del edificio, generando la acción del acusado, según el ministerio público, "un evidente peligro" que obligó a desalojar a la treintena de vecinos que se encontraban en él y afectando a tres coches que estaban aparcados. EFE
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