Bruselas, 9 abr (EFECOM).- El auditor del Consejo de Estado de Bélgica, encargado de revisar la legalidad de las decisiones administrativas, ha recomendado que la empresa pública ferroviaria belga SNCB suspenda su decisión de atribuir a la compañía vasca CAF un contrato que podría llegar a más de 3.000 millones de euros para reemplazar 600 trenes.
El auditor, cuya opinión es consultiva, trasladó esa recomendación durante la audiencia por el recurso presentada por el grupo francés Alstom ante el Consejo de Estado a propósito del controvertido contrato, según informó la web de la cadena de televisión VRT.
La polémica surgió a inicios del pasado mes de marzo, cuando la decisión de la SNCB sobre el llamado "contrato del siglo" causó revuelo al otorgar el multimillonario contrato a CAF para reemplazar trenes belgas durante los próximos doce años.
El operador ferroviario belga busca reemplazar trenes que sumen como mínimo 54.000 plazas y como máximo 170.000, y seleccionó a la empresa guipuzcoana CAF para el encargo, por un montante inicial de 1.695 millones de euros que podría alcanzar los 3.400 millones en función de los pedidos finales, según información publicada por el diario económico belga L'Écho.
Alstom argumenta que había presentado una oferta 107 millones de euros más barata que el constructor guipuzcoano y que tiene dos plantas de producción en Bélgica en las localidades de Charleroi (sur) y Brujas (norte) que fomentan el empleo industrial local y cuentan con unos 1.500 trabajadores.
El Gobierno reaccionó entonces a través del ministro federal de Movilidad, el centrista Jean-Luc Crucke, quien a lo largo de las semanas ha ido matizando sus reflexiones sobre la controversia.
Inicialmente defendió la designación porque las normas europeas no permiten favorecer a fabricantes locales, pero indicó que la decisión era recurrible.
"El contrato aún no ha sido formalmente adjudicado a CAF. En esta etapa, se trata de la designación de un licitador preferente, y la adjudicación definitiva solo tendrá lugar una vez que se complete la última fase del procedimiento", explicó entonces el ministro.
Crucke consideró, además, que "debe abrirse un debate, especialmente a nivel europeo, sobre la evolución de las normas de contratación pública, con el fin de examinar la posibilidad de integrar criterios que tengan en cuenta los efectos económicos locales, el desarrollo industrial y el empleo".
Según informa este miércoles el diario L-Poste, el titular belga de transporte ha señalado en una intervención ante el foro Círculo de Valonia, en Lieja, que cree que el pliego de condiciones del contrato debería haber tenido en cuenta el balance de carbono de la construcción de los trenes, como hacen otros países del entorno como Francia, Países Bajos o Alemania. EFECOM
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