
Sumar quiere que el Congreso pida al Gobierno una reforma de la Ley General Penitenciaria que incluya habilitar a los jueces de vigilancia para que escuchen tanto al preso como a las víctimas para que no se limiten a certificar las decisiones de la Administración Penitenciarias y que así se favorezca el principio de reinsercion.
Se trata de una proposición no de ley, que se debatirá y votará en la comisión de Justicia de la Cámara Baja, con la que el grupo plurinacional pretende instar al Gobierno a impulsar una Ley procesal de Vigilancia Penitenciaria con la que se garantice el derecho fundamental de los internos a la tutela judicial efectiva a través de una serie de estudios sobre el funcionamiento actual de la Justicia penitenciaria y los mecanismos y preceptos legales necesarios.
Asimismo, abogan por dotar a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de los medios materiales y humanos necesarios, independientes de los de la Administración penitenciaria, para garantizar la independencia e imparcialidad del proceso de ejecución penal.
SE LIMITAN A ACATAR LAS DECISIONES PENITENCIARIAS
Ya que, según argumentan en la iniciativa, recogida por Europa Press, el modelo penitenciario de nuestro país requiere un análisis "urgente" que haga frente a la "ausencia" de una normativa con la que garantizar los principios fundamentales de seguridad jurídica e igualdad de trato hacia las personas internas de los establecimientos penitenciarios.
"España no garantiza la independencia e imparcialidad en el control judicial de las prácticas penitenciarias", inciden haciendo referencia a un informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos o Penas inhumanas o degradantes (CPT), en el que además se alerta de que "el papel desempeñado por los jueces de vigilancia se limita a certificar las decisiones de la administración penitenciaria".
Por ello, creen necesario que los jueces de vigilancia realicen entrevistas también a la víctima, los testigos y al presunto autor de los hechos, así como visitas a las unidades de alojamientos, especialmente en los módulos cerrados y los departamentos especiales, dentro de la prisión.
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