Un año del tope al alquiler en Cataluña: Las rentas bajan en un contexto convulso

Barcelona, 16 mar (EFE).- El mercado de la vivienda ha vivido un año convulso en Cataluña por la aplicación, en solitario en España, de la limitación del precio de los alquileres, una regulación que ha conseguido reducir las rentas, pero que ha exasperado al sector inmobiliario que alerta de la caída de la oferta.

Cuando se cumple un año de la puesta en marcha del índice de precios de referencia, que emana de la ley de la vivienda aprobada en el Congreso de los Diputados, el alquiler medio ha revertido las subidas que venía experimentando y ha caído un 3,7 % en el conjunto de zonas tensionadas en Cataluña y un 6,4 % en Barcelona.

Este descenso contrasta con el incremento del 15,7 % en el conjunto de la comunidad catalana y del 22 % en Barcelona que se registró entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto de 2023.

El Ministerio de Vivienda, la Generalitat catalana y el Ayuntamiento de Barcelona se han congratulado de estos datos, que validan, a su juicio, la apuesta por la regulación del mercado de la vivienda de las tres administraciones.

El balance no es tan positivo para el sector inmobiliario (Agentes de la Propiedad Inmobiliaria -API-, promotores y constructores de viviendas y portales inmobiliarios), que alerta de que la limitación de rentas ha llevado a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado de alquiler.

Las administraciones públicas niegan que se haya producido este efecto negativo y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha restado credibilidad a los datos de los portales inmobiliarios.

La asociación de promotores de Cataluña, APCE, ha valorado "muy negativamente" la aplicación del tope del alquiler, porque "ha agravado aún más el problema del acceso a la vivienda" al reducir la oferta.

"En este año, con la declaración de zonas tensionadas en vigor, no sólo se ha registrado una importante retirada de pisos en oferta de alquiler, sino que la práctica totalidad de los proyectos de 'build to rent (construir para alquilar)' que estaban previstos hacer en Cataluña han acabado pasando a la venta", ha sostenido.

La inseguridad jurídica y la imposibilidad de hacer viables algunas operaciones están detrás de la huida de las inversiones en el mercado de alquiler, según ha dicho.

De acuerdo con una consulta del portal Fotocasa, un 6 % de los dueños de pisos catalanes ya han abandonado el régimen de alquiler de larga duración en el último año y un tercio está optando por trasladar sus inmuebles a otros sectores, como el del alquiler vacacional.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha asegurado que "el mercado de alquiler catalán se encuentra en mínimos históricos de oferta disponible y sufre una creciente fragmentación".

Según sus cifras, un 28 % de los propietarios prevén pasar a alquilar habitaciones de forma individual y un 42 % reconoce que invertirá menos en mejorar la vivienda por considerar que es menos rentable.

El portavoz de los API (Agentes de la Propiedad Inmobiliaria), Carles Sala, ha reprochado el "triunfalismo" de la administración pública y ha recomendado "más humildad" ante "la dificultad creciente que tienen los ciudadanos para encontrar vivienda".

"Los propietarios cada vez asumen menos riesgos. El riesgo sancionador (de la Generalitat) ha endurecido esta situación. Muchos optan por vender sus viviendas. Las operaciones de compraventas se han disparado en Cataluña en 2024 y están en cifras récord. La mayoría son de segunda mano y los propietarios prefieren vender en lugar de destinarlas al alquiler", ha asegurado, en declaraciones a EFE.

Cataluña se ha convertido en un laboratorio de la regulación de la vivienda, donde, además de la limitación de los precios del alquiler, se pretende reducir los pisos turísticos y se han impuesto multas a aquellos propietarios, en especial los grandes tenedores, que no cumplan con el índice del alquiler.

En concreto, la Generalitat ha aprobado multas de hasta 900.000 euros para los propietarios que alquilen su piso por un importe más de un 30 % superior al fijado en el Índice de Precios de Referencia o a los que sorteen la contención de rentas con el uso fraudulento del alquiler de temporada.

También se prevén sanciones por no hacer constar la finalidad del arrendamiento en el contrato o hacerlo de forma fraudulenta, y por cargar los gastos de gestión del contrato al inquilino, en vez de al propietario.

En paralelo, el Govern catalán está buscando una fórmula jurídica para regular el alquiler de temporada y evitar así su uso fraudulento, a la espera de que el Congreso de los Diputados modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para modificar esta normativa.

La zona de mercado tenso de la vivienda comprende en estos momentos a 271 municipios en Cataluña, donde reside un 90 % de la población catalana.

Además de limitar los precios de los alquileres, la normativa prevé bonificaciones fiscales de hasta el 90 % en el IRPF para los propietarios de viviendas que apliquen el índice.

El tope del alquiler afecta básicamente a los grandes propietarios (grandes tenedores) y a los nuevos contratos de viviendas que no hayan estado en el mercado durante los últimos cinco años.

La base de datos que se utiliza para crear el índice de referencia se actualiza periódicamente con diferentes fuentes de información estatales, autonómicas y locales, para ofrecer información a los arrendadores y arrendatarios. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 21914104 y otros)