Madrid, 10 mar (EFECOM).- Seopan pide reactivar el modelo concesional en España, una revisión de precios ante el continuo encarecimiento de los materiales, limitar los usos propios por parte de la Administración, modelos colaborativos en la contratación pública y garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos.
La asociación, que agrupa a grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, insiste en un comunicado en que es prioritario ampliar el límite máximo revisable en la revisión excepcional de precios del 20 % al 30 % para reequilibrar los contratos de obras anteriores a 2021, al comprometer gravemente la ejecución de proyectos de alta velocidad y de carreteras del Estado.
Recalca además que es preciso restablecer en los pliegos la obligatoriedad de la revisión de precios, eliminada en 2015 por la Ley de Desindexación, dado que en 2024 la electricidad se ha encarecido un 54 %, el acero un 36 %, el gas un 29 %, el aluminio un 12 % y el cemento un 5,6 %.
La patronal, que recientemente ha identificado unas necesidades de inversión pública para la creación y modernización de infraestructuras en España de 349.268 millones de euros, considera prioritario armonizar con la UE el modelo de gestión y financiación de carreteras en España, que concentra casi el 70 % de las autovías europeas libres de peaje.
Todo ello, teniendo en cuenta la escasez de recursos para la creación, adaptación y conservación del patrimonio viario, que en conservación acumula un déficit inversor de 10.000 millones, y en creación y adaptación de infraestructura afronta inversiones de 43.000 millones durante la próxima década.
Para 2025/2026, Eurostat destaca que España tendrá la menor ratio de inversión pública de la UE, con 2.314 euros/km2 por millón habitantes, ampliando la brecha con Alemania, Italia y Francia, que invertirán un 49,6 %, 52 % y 24,3 % más.
Seopan denuncia que la licitación pública de concesiones de obras está en mínimos, con 11 proyectos en 2024 por 312 millones frente a los 5.274 millones licitados en 2023, ejercicio en el que las concesiones representaron un 5,1 % del total de la contratación y en el que un 19,3 % de las mismas quedaron desiertas.
Ante estos datos ve prioritario modificaciones que impulsen el mercado de concesiones y lo hagan atractivo para el capital privado.
También critica el excesivo encargo de proyectos a medios propios de la Administración, lo que limita la libre competencia y concurrencia en la contratación pública. Entre 2021-2023, estos encargos han aumentado un 115 % hasta superar los 4.000 millones, concentrándose en 10 empresas públicas, sobre todo en Tragsa y Tragsatec.
Por otro lado, pide la renovación del sistema de clasificación de contratistas, ya que entiende que es ineficiente y obsoleto y genera inseguridad jurídica ante la disparidad de criterios entre los órganos que las otorgan y la inexistencia de un sistema regulatorio único.
En 2024 la licitación pública aumentó en España un 10,3 % con 29.533 millones gracias a la edificación (23 % más) y en menor medida a la obra civil (2,5 % más), que acusa la terminación de la contratación de subvenciones del plan de recuperacion. EFECOM
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