Excargos de Transportes declaran este miércoles como testigos en el Supremo por el 'caso Koldo'

El ex director general de Carreteras Javier Herrero y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera están citados a declarar este miércoles como testigos ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga si el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García cobraron comisiones --en efectivo y especie-- a cambio de adjudicaciones de contratos de obra pública y de compra de material sanitario en la pandemia.

El instructor Leopoldo Puente ha citado a ambos en el marco de una serie de 17 testificales con las que pretende esclarecer el denominado 'caso Koldo'. Esta misma semana han comparecido ya Carlos Moreno, jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda; Víctor Ábalos, hijo del ex ministro; Joseba García, hermano de Koldo; el empresario Luis Alberto Escolano, señalado por la Guardia Civil como presunto testaferro, y la que fuera secretaria de Ábalos en el Ministerio.

Herrero acudirá al alto tribunal tras haber comparecido el pasado 18 de febrero ante la comisión de investigación del Senado sobre el denominado 'caso Koldo'. En la Cámara aseguró que no conocía al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, ni había tenido relación con él "en ningún momento". Con todo, no descartó que no hubiese coincidido con él en algún acto: "Es posible, pero no soy consciente".

En aquella ocasión, se pronunció sobre la documentación que De Aldama había aportado al Supremo; en concreto, al listado de obras ofertadas por la Dirección General de Carreteras. Manifestó que había visto el documento en los medios y aseveró que era "un listado que sí parece que es información del Ministerio".

No obstante, Herrero incidió en que la Dirección General de Carreteras no tenía competencia para llevar a cabo la compra de mascarillas porque "el órgano de contratación es la Secretaría de Estado", al tiempo que defendió que él no hizo nada reprochable.

Ante el Senado sí reconoció que conocía a Koldo García. Explicó que la primera vez que coincidió con él fue cuando en 2018 Ábalos le llamó para nombrarle director general de Carreteras. Además, negó que el exasesor ministerial o el propio Ministerio le dieran indicaciones para adjudicar obras a determinadas empresas.

PARDO DE VERA YA DECLARÓ ANTE LA UCO Y EL SENADO

Pardo de Vera comparecerá después de haber declarado ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en febrero de 2024, cuando se dio a conocer el 'caso Koldo'. En aquella ocasión, dijo que tras recibir el encargo mediante la orden ministerial de Transportes para la compra de mascarillas se decidió que sería la dirección general de personas de Adif la que se haría cargo de la contratación.

Aseguró a los agentes que no recibió órdenes, pero sí "presión del Ministerio de Transportes de Ábalos y de su gabinete" para que la adjudicación a Soluciones de Gestión --del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama-- "se realizara con la mayor premura posible y la disponibilidad de mascarillas fuera lo más rápida", según consta en el acta de declaración incluida en un atestado de la UCO de 22 de febrero de 2024, al que tuvo acceso Europa Press.

La expresidenta de Adif también declaró en el Senado, en la comisión de investigación que se dirige en dicha Cámara sobre el 'caso Koldo'. Allí, en mayo del año pasado, explicó que no conocía la empresa de De Aldama antes de la contratación, que ella no eligió dicha sociedad y que se limitó a firmar la "declaración de emergencia" del contrato en base a sus competencias.

Unos meses después, en septiembre, el que fuera jefe de personal de Adif Michaux Miranda aseguró que Pardo de Vera le facilitó el contacto de Soluciones de Gestión. Así lo dijo en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional, en el marco de la rama del 'caso Koldo' que investiga el juez Ismael Moreno, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

OFICIAL MAYOR DE TRANSPORTES CESADO EN DICIEMBRE

Además de las comparecencias de Herrero y Pardo de Vera, también está previsto que este miércoles declare como testigo ante el Supremo Alejandro de las Alas Pumariño, el oficial mayor del Ministerio de Transportes que en 2020 se ocupó de controlar las mascarillas compradas por la pandemia que se almacenaban en la sede gubernamental y que, además, era responsable tanto de la seguridad como del registro de personas.

Se da la circunstancia de que el informe de auditoría encargado por el actual ministro, Óscar Puente, sobre esos contratos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia ponía el foco en la "falta de control inicial" sobre esos lotes de mascarillas en el Ministerio.

Ese informe detallaba que De las Alas Pumariño, al ser entrevistado por las auditoras, indicó que, del primer vuelo que aterrizó con material en la madrugada del 28 de marzo de 2020, el Ministerio recibió un lote de 10.000 mascarillas, de las que, si bien no hay acta de recepción, sí hay datos de su posterior distribución dentro del departamento.

De las Alas Pumariño fue cesado el pasado diciembre, según confirmaron a Europa Press fuentes ministeriales que no precisaron los motivos de dicha medida.

EL EMPRESARIO QUE QUISO QUERRELLARSE CONTRA DE ALDAMA

Este miércoles también está citado a declarar como testigo el empresario y presidente del grupo Azvi, Manuel Contreras, quien quiso querellarse contra De Aldama por acusarle de pagar 'mordidas' a cambio de obra pública.

El presunto conseguidor de la trama aseguró que Azvi había contratado a Koldo como asesor en 2023 para abrir nuevos negocios en América Latina, en base a una relación que se habría fraguado con anterioridad y por la cual la empresa habría conseguido varios contratos de obra pública del Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021.

Según precisó De Aldama, la constructora andaluza había participado en la obra del 'Tren Maya' en México y que pagó 18.000 euros a la empresa Pilot Club Natación de Sevilla -de su propiedad-- "como compensación por la obra pública adjudicada con su mediación".

El magistrado instructor denegó a Contreras el permiso a querellarse contra De Aldama, alegando que en ese momento dichas afirmaciones no estaban "mínimamente contrastadas". No obstante, Puente precisó que la denegación no era definitiva y que en un futuro podría volver a plantear su petición.