Sevilla, 27 feb (EFE).- La Audiencia de Sevilla acogerá a partir del 3 de marzo el inicio del juicio sobre la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), a la empresa México-Minorbis, en el que están procesadas 16 personas y que se celebrará a lo largo de cerca de 40 sesiones.
Según el calendario previsto, al que ha tenido acceso EFE, la Sección Tercera ha reservado los días 3 y 4 de la próxima semana para las cuestiones previas, mientras que está previsto que la declaración de los tres primeros acusados tenga lugar el día 31.
Los días 1, 2 y 7 de abril declararán otros diez acusados, mientras que la comparecencia de los tres restantes, hasta sumar un total de 16 procesados, ha sido fijada para el día 25 de junio, una vez que hayan tenido lugar las testificales y las periciales previstas a lo largo de ese mismo mes y los de mayo y junio.
Finalmente, las últimas jornadas del juicio, de acuerdo al documento de señalamiento, están previstas para los días 30 de junio y 1, 2, 7 y 8 de julio.
La causa se abrió inicialmente en febrero de 2015 con la denuncia que interpuso Emerita Resources España, que también optaba a la concesión de la mina, y que denunció la existencia de irregularidades durante la tramitación del expediente y adjudicación del concurso.
La tramitación judicial sufrió una serie de incidencias, entre ellas dos intentos de archivo por parte de la juez instructora, Patricia Fernández, que fueron enmendados por la Sección Séptima de la Audiencia en sendos autos de los que fue ponente la magistrada Mercedes Alaya, y que ha concluido con mayores peticiones de delitos para los acusados.
La magistrada Patricia Fernández acordó el 4 de noviembre de 2021 la apertura de juicio oral contra 16 personas, entre ellas, los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la ex directora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio, además de los funcionarios y técnicos que intervinieron en el concurso.
A los acusados se les atribuyen delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental.
La acusación particular que ejerce Emérita Resources, la empresa que perdió el concurso, atribuye a los investigados delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, mientras que Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación popular, imputa a los investigados cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, negociación ilegal, y prevaricación ambiental.
La sociedad Andalucía Mining, parte también de la acusación, solicita que se declare la responsabilidad civil de la Junta de Andalucía, así como de Magtel, Minorbis y Grupo México, cifrando los posibles "daños y perjuicios" ocasionados en 7.195.426 euros. EFE
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