Sevilla, 26 feb (EFE).- El Juzgado de Sevilla que investiga pozos 'no legalizados' en la finca Aljóbar de Aznalcázar, perteneciente a la Casa de Alba y situada en el entorno de Doñana, ha pedido informes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para concretar si las extracciones de agua han causado "daños sustanciales" al medioambiente.
En un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, el juez toma esta decisión tras la declaración como investigado de Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba y representante legal de la sociedad Eurotécnica Agraria que lleva la finca.
Una vez analizados los informes periciales aportados por la defensa, el juez acuerda librar oficio a la confederación para que informe sobre distintos aspectos con el objetivo de concretar si las extracciones "pudieran haber causado daños sustanciales al medioambiente".
Entre otras cuestiones, pide al organismo de cuenca que le informe sobre la "caracterización" de la masa de agua subterránea afectada por las extracciones de los pozos "no legalizados" de la finca, su funcionamiento hidrológico, balance hídrico, estado actual de esa masa de agua, tendencia 'piezométrica' observada y su interpretación.
También pide información sobre las masas de agua superficial y ecosistemas dependientes, relacionados o asociados con la subterránea, y descripción de aquellas que tengan conexión hidráulica con la misma y sus ecosistemas.
El juez quiere conocer asimismo el impacto producido o que hayan podido producir las extracciones de metros cúbicos de agua realizadas por los ocho pozos no legalizados en el acuífero en todas las masas de agua y ecosistemas, estimadas en un informe pericial en un período de diez años.
Igualmente, solicita que se indique si la finca Aljóbar ha sido objeto de inspección por parte de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir desde 2016 en adelante y las "posibles irregularidades que se hayan podido detectar".
Además, si se disponen de los datos de metros cúbicos de agua extraídos por medio de los pozos legalizados e inscritos que cuentan con contadores volumétricos y, en su caso, la cantidad de metros cúbicos extraídos cada año.
El juez pide finalmente una valoración del impacto medioambiental en el acuífero y el resto de ecosistemas asociados o al dominio público hidráulico y, en su caso, el daño ambiental y su cuantificación económica.
Con esta resolución, el juez decide también abrir un nuevo tomo de las actuaciones, donde se unirá en soporte apto para su reproducción de vídeo y sonido la declaración de investigado practicada a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg.
El nieto de la Duquesa de Alba declaró el pasado 20 de febrero que inició la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que motivó luego la causa judicial, según informaron a EFE fuentes del caso.
Explicó que accedió a la gestión de la finca en 2016, como parte de una herencia de su abuela, pero que no estaba en el funcionamiento diario de esta explotación agraria. Cuando llegó, se estaba finalizando una balsa para el riego que se abastecía de distintos pozos, según entendía él de acuerdo a lo permitido.
Sería a raíz de una denuncia en 2023 de la CHG cuando se inició la regularización de los pozos, a pesar de que este organismo de cuenca ya había estado con anterioridad en la finca y, según su declaración, no habría manifestado nada sobre estos, indicaron las fuentes. EFE
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