Madrid, 19 feb (EFE).- El sinhogarismo impacta 7,5 veces a las personas extranjeras que a las españolas y la sobreocupación o saturación de la vivienda les afecta un 18 % más.
Además, las personas migrantes acusan mayores problemas medioambientales y sociales en sus barrios, como ruido, escasez de zonas verdes y agua de calidad.
Son algunas de las conclusiones del Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027 presentado este miércoles por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Este estudio también recoge otros datos sobre los efectos de la discriminación, como que, "en contra de los bulos" muchas veces difundidos, la población extranjera utiliza menos los servicios sanitarios, a excepción de las urgencias, lo que demuestra que las usan "como último recurso", ha señalado la ministra.
Sobre trabajo, Saiz ha señalado que la tasa de empleo es un 10 % menor en el caso de la población migrante que en los españoles y la brecha salarial asciende a 10.000 euros al año.
Y en el terreno de la educación, destaca que hay menor matriculación de estudiantes extranjeros en la FP de grado medio, superior y universidad y mayor en FP básica y una tasa de abandono escolar un 20 % superior en la segunda etapa de la ESO en la población migrante.
El informe también se hace eco de los esfuerzos a nivel autonómico y local para la lucha contra el racismo y la xenofobia y subraya que en 2023 solo seis comunidades autónomas -Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía- tenían planes de integración y convivencia en vigor y solo tres habían desarrollado estrategias específicas para ello.
En este sentido, la ministra ha explicado que será clave la futura aprobación del Plan de Integración y Convivencia Intercultural en el que trabaja su ministerio, actualmente en fase de consulta pública y que previsiblemente verá la luz "en torno al verano".
La ministra también ha informado de los avances logrados en los últimos años, como un crecimiento del 500 % en el número de autorizaciones de arraigo en la última década y una reducción del 35 % en el tiempo de tramitación de la nacionalidad española.
Además, Saiz ha apuntado que el retorno productivo -esto es, asociado a un negocio- ha crecido hasta el 9 % del total de los retornos voluntarios.
El informe también destaca una subida del 64 % en los casos atendidos por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), dependiente del Ministerio de Igualdad, en 2023 respecto a 2022, tras una subida del 83 % en el año anterior.
Por todo ello, Saiz ha destacado España que está "en la senda correcta" y ha puesto de relieve que el diario británico The Guardian alabase ayer "la postura migratoria de nuestro país ante la ola reaccionaria de extrema derecha que nos rodea".
Preguntada por la fórmula para el reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias, en la que trabajan conjuntamente el Gobierno de las islas y el Ejecutivo central, Saiz ha insistido en que lo que necesitan estos jóvenes es la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para articular una solidaridad obligatoria entre comunidades.
Para ello, ha apelado a la responsabilidad del PP: "Ya es hora, los tiempos del PP no son los tiempos que tiene que acompañar la situación de estos menores", ha lamentado.
Y ha recordado que a raíz de la invasión rusa de Ucrania llegaron al país y fueron acogidos por las comunidades autónomas 30.000 menores, sin que en ese momento hubiera "titulares" ni "polémicas" ni ninguna "utilización partidista" de este fenómeno.
Saiz también se ha referido a la medida recientemente aprobada para la regularización de personas migrantes afectadas por la dana, cuyo objetivo es que los efectos del temporal no supongan "una doble losa" para estas personas.
A preguntas de los periodistas, ha confirmado que los solicitantes de asilo también se pueden acoger a esta medida y fuentes del Ministerio han señalado que, por el momento, no contemplan flexibilizar el requisito del empadronamiento para acceder a ella, como habían pedido muchas entidades, al considerar que se trata de una exigencia equilibrada, consensuada y lo suficientemente garantista como para llegar a la gran mayoría de la población objetivo. EFE
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