Compromís ha presentado un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que argumenta las razones para suspender la consulta sobre la lengua base en los centros educativos impulsada por la Generalitat, al considerar que "solo se pretende enfrentar a unas familias contra otras" y abrir una "guerra lingüística".
Este recurso está firmado por representantes de la coalición con hijas e hijos en edad escolar. Son diputadas y diputados de Les Corts, el Congreso, las diputaciones provinciales y concejales de Castelló de la Plana, València y Elche.
Así lo han anunciado en Les Corts el síndic y el portavoz de Educación de Compromís, Joan Baldoví y Gerard Fullana, junto a compañeros del resto de instituciones portando carteles con el lema 'Pels nostres fills i filles. Sí al valencià'. La consulta está programada entre el 25 de febrero y el 5 de marzo para escoger la lengua (valenciano o castellano) en la que estudiarán los alumnos a partir del curso 2025-2026.
"Formamos parte de las 570.000 familias afectadas por este referéndum sin ninguna base pedagógica, que solo aspira a crear crispación y marginar el valenciano en las aulas", han manifestado, y se han mostrado "convencidos de que la consulta es una cortina de humo más para intentar desviar la atención de las negligencias del 'president' Carlos Mazón y el conseller de Educación, José Antonio Rovira, durante la dana" que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.
Baldoví y Fullana han advertido que "en las zonas castellanohablantes está directamente prohibido aprender en valenciano", mientras "en las zonas valencianohablantes no se asegura que se pueda estudiar en la lengua que se ha elegido". "Hay una falsa libertad porque a centenares de miles de familias se las obligará a estudiar en una opción no elegida, con un agravante: no hay ninguna justificación pedagógica para esta cuestión", han aseverado.
Es más, a su juicio, celebrar la consulta en el próximo mes de marzo generará "caos burocrático" en los centros y "colapsará el proceso de admisión y matriculación".
MEDIDAS CAUTELARÍSIMAS
Por todo ello, los representantes de la coalición han pedido medidas cautelarísimas y cautelares ante la orden de consulta. "Lo presentamos a título individual las familias, las madres y padres de Compromís, que tenemos representación en las instituciones. Por tanto, somos usuarios de la escuela pública y de la enseñanza en valenciano, y esto nos legitima para presentar este recurso", ha subrayado Fullana.
Según ha expuesto, hay cuestiones formales como la imposibilidad de conjugar este proceso de consulta con la matriculación "de forma normal". También ha indicado que "se obliga a las familias a participar solo de forma telemática y no presencial, y es un elemento importante con jurisprudencia suficiente", así como que "la orden no cuenta con memoria económica, y es un motivo de nulidad".
Desde Compromís apuntan que la Conselleria de Educación ha publicado esta orden sin haber modificado dos "observaciones graves" recogidas por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) en su dictamen al respecto: "que no se garantiza a cada familia la lengua por la que votó y que el procedimiento únicamente telemático es ilegal".
Previamente, el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por Compromís frente a la Ley de Libertad Educativa aprobada por PP y Vox. El alto tribunal investiga incumplimientos de 28 artículos de leyes de rango superiores como la LOE, el Estatut d'Autonomia y la Constitución
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