Sevilla, 13 feb (EFE).- Dos personas, capataces de una cuadrilla de trabajadores del campo, han sido detenidas y una tercera investigada, dueña de una exploración agrícola, por posibles delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros por explotar laboralmente a inmigrantes en situación irregular en la provincia de Sevilla.
Según ha informado este jueves la Guardia Civil en un comunicado, las actuaciones forman parte de una serie de actividades conjuntas enmarcadas en el plan contra la trata de seres humanos y la explotación laboral.
La investigación comenzó en mayo de 2023, cuando responsables del sector agrario de Andalucía de un sindicato trasladaron al instituto armado que varias personas trabajaban en una explotación agrícola de Alcalá del Río (Sevilla) sin recibir remuneración económica alguna.
Los agentes se entrevistaron con los perjudicados, todos ellos de nacionalidad senegalesa y residentes en un centro de acogida de inmigrantes gestionado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Los investigadores tuvieron conocimiento de que, en enero de 2024, los perjudicados habían sido captados por una pareja de nacionalidad nicaragüense para trabajar en la recolección de frutos en varias explotaciones agrícolas de Sevilla.
Esta pareja, con funciones de manijeros y también en situación irregular, se aprovechaba de la vulnerabilidad de los perjudicados por residir en España sin autorización legal y sin permiso para poder trabajar.
Les imponían unas condiciones laborales que vulneraban los derechos reconocidos por disposiciones legales y convenios colectivos.
Los sospechosos los obligaban a efectuar largas jornadas de trabajo, sin descanso y en condiciones abusivas, por las que percibían salarios muy por debajo de lo estipulado.
Según la Guardia Civil, llegaron a contraer una deuda económica con sus trabajadores de más de 7.000 euros.
Los perjudicados manifestaron aceptar las condiciones laborales impuestas debido a la situación de necesidad por tener que enviar dinero a sus familiares, que residen en Senegal y que dependen económicamente de ellos.
En la misma operación ha sido investigado un empresario del sector agrícola, de nacionalidad española y afincado en la localidad sevillana de Brenes.
En su caso, conocedor de la situación de necesidad de las víctimas y a sabiendas de que no tenían autorización de trabajo en España por encontrarse en situación irregular, los contrató a través de los manijeros nicaragüenses para trabajar en varias explotaciones agrícolas.
Igualmente, el empresario no cumplía con la obligación de dar de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores, con lo que obtenía mayores beneficios económicos con el ahorro del pago de dichas cuotas y en grave detrimento en los derechos de sus trabajadores.
Estos no podían disfrutar de asistencia sanitaria, derecho a prestaciones de enfermedad o prestaciones de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Una de las víctimas sufrió un accidente laboral que le imposibilitó continuar con la jornada laboral y los investigados, que le negaron asistencia médica, le instaron incluso a continuar trabajando bajo el apercibimiento de que no cobraría.
El perjudicado únicamente pudo ser asistido por las lesiones sufridas cuando sus compañeros finalizaron la jornada laboral y los manijeros los trasladaron al centro de acogida donde residen. Fueron los trabajadores de ese centro quienes lo trasladaron al servicio de urgencia más próximo. EFE


