Lima, 2 feb (EFECOM).- Las Fuerzas Armadas de Perú han sido desplegadas en la ciudad norteña de Trujillo, considerada la tercera en importancia del país, como parte de un 'plan de control territorial' ordenado por el Gobierno para combatir al crimen organizado y la delincuencia, informaron fuentes oficiales.
El despliegue militar forma parte de la intensificación de "estrategias contra el crimen" en la región de La Libertad, cuya capital es Trujillo, que permanece en estado de emergencia y bajo control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.
En ese sentido, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, llegó el sábado último a Trujillo, a más de 550 kilómetros al norte de Lima, para supervisar el despliegue militar en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP).
Durante su visita a esa ciudad costera, el ministro inspeccionó al contingente de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que participa en operaciones conjuntas con la PNP para garantizar el orden y la tranquilidad en la zona.
"La ciudadanía tiene mucha confianza en sus Fuerzas Armadas, por eso estamos presentes", sostuvo antes de remarcar que el "entrenamiento y alta especialización" de los militares permitirá "apoyar a las operaciones de la Policía Nacional, cumpliendo con el deber de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".
Astudillo también supervisó la vigilancia de militares en las sedes del Ministerio Público, de la Fiscalía Especial y de la Corte Superior de Justicia de Trujillo, y visitó el buque multipropósito 'Pisco', donde comprobó las operaciones de la Marina de Guerra y las acciones que se están ejecutando.
Recorrió, además, la capitanía de puerto de Salaverry para supervisar a las patrullas de Infantería de Marina desplegadas en la zona costera e inspeccionó a las Fuerzas Especiales del Ejército.
El Gobierno de Perú anunció el pasado 20 de enero que las Fuerzas Armadas y la PNP tomarían el control de Trujillo, tras un ataque con explosivos que sufrió la sede de la Fiscalía de esa localidad.
La detonación de un potente explosivo causó gran zozobra en la capital de la región de La Libertad, ya que causó heridas en un guardia de seguridad y el conductor de un taxi, además de afectar la fachada lateral del Ministerio Público, un vehículo, y varias viviendas de esa zona de la ciudad.
La Libertad está declarada en emergencia desde hace varios meses por el Gobierno para enfrentar el embate de la delincuencia común y el crimen organizado, que en la zona está vinculado, principalmente, con la minería ilegal de oro y casos de sicariato y extorsión.
El pasado 23 de enero, el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ratificó que su país vive "una ola de criminalidad que no se había visto antes", tal como aseguró días antes el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras el atentado de Trujillo.
Santiváñez aseguró que se había puesto en marcha un 'plan de control territorial', que comprenderá "el proceso de asimilación de 1.500 efectivos" a la Policía Nacional, que tengan "como requisito mínimo, el haber prestado servicio militar".
Por su parte, la fiscal general de Perú, Delia Espinoza, atribuyó el atentado a la minería ilegal y otros ilícitos que son investigados por una fiscal que ha sido amenazada en esa localidad.
El Ministerio del Interior informó, poco después, de la captura de cinco personas presuntamente vinculadas al ataque en Trujillo, a quienes se les incautó municiones, dinamita y equipos electrónicos.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha reiterado la decisión de su Gobierno de aplicar "mano dura" contra sicarios, extorsionadores y asesinos, que serán enviados a la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, ubicada a casi 5.000 metros de altura en una zona remota de los Andes del sur del país. EFECOM
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