La Coordinadora Ecologista pide al Principado la "paralización inmediata" de la mina de oro de Boinás por sus vertidos

La Coordinadora Ecologista denuncia los vertidos ilegales de sustancias tóxicas por parte de la mina de oro de OroValle en Belmonte, exigiendo la suspensión de su actividad por el impacto ambiental negativo

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La Coordinadora Ecologista de Asturias ha reclamado a la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico la paralización inmediata de la mina de oro del Valle-Boinás. Aseguran que este complejo minero ubicado en el concejo de Belmonte, de la empresa OroValle (antes Kinbauri España SL) continua de manera habitual con los vertidos al dominio público hidráulico, como ha reconocido la Confederación Hidrográfica en los controles analíticos que le realiza de forma periódica.

Asegura el colectivo ecologista que el Gobierno de Asturias es el responsable del control de la autorización ambiental de la minera, que se renueva cada cuatro años.

"El Principado de Asturias no debería renovar esa autorización al tener conocimiento de los peligrosos vertidos que venimos denunciando desde que empezó a operar la minera y por tanto incumplen la renovación de la autorización ambiental integrada", afirman.

Explican además que se aprecian los vertidos ilegales de acuerdo a los resultados analíticos realizados en varios puntos. Las sustancias que se están vertiendo al dominio público sin estar autorizadas son Cianuros, Selenio, Cadmio, Cobre, Zinc, Plomo; también se ha constatado la presencia de sustancias autorizadas como los Arsénicos, Mercurio, Níquel y Sólidos en suspensión en concentraciones superiores a los valores límites autorizados.

"Estos vertidos se producen de forma continuada, por lo menos a la cuenca del río Narcea, sin conocer los que se filtran al subsuelo. Demuestra lo que llevamos años denunciando: que se están vertiendo en valores importantes sustancias peligrosas a los cauces de la zona, por parte de las plantas de tratamiento de mineral que esta empresa tiene en el valle, lo que supone un claro impacto en las aguas y la vida de éstas, tal como acredita, en los anteriores expedientes sancionadores, pendiente de resolución judicial", indican.

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