Madrid, 28 ene (EFE).- El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, una norma que pretende regular sus actividades y que incorpora por vez primera la creación de un registro de "lobbies" en el que deberán registrarse obligatoriamente quienes ejerzan estas actividades.
Según el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, es la primera ocasión en que se regulan en el ámbito de la Administración General del Estado y el sector públicos las relaciones entre los grupos de interés y los cargos de la administración susceptibles de recibir influencia.
Se trata, recalca el departamento encabezado por Óscar López, de "garantizar una mayor transparencia, participación en la toma de decisiones públicas y prevención de los conflictos de intereses".
La regulación del sector se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia y cumple con objetivos marcados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como en la Agenda 2023 y en el IV Plan de Gobierno Abierto, informa Transformación Digital en un comunicado.
La norma define como grupos de interés "aquellas personas físicas y jurídicas, agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes, u otras formas de actividad colectiva, tanto si actúan por cuenta propia como ajena, con independencia de la forma que adopten o de su estatuto jurídico, y que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal público".
Se excluyen de la denominación las administraciones y el sector público institucional, así como los organismos y autoridades públicas internacionales, los partidos, los sindicatos y los colegios profesionales.
La nueva norma establece la obligatoriedad de la inscripción de los "lobistas" en un registro, que será público y gratuito, gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses, y el cual permitirá el acceso público a sus datos a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
Los grupos de interés que no se inscriban no podrán ejercer actividades de influencia con el personal público.
Al inscribirse, las personas físicas deberán especificar si han trabajado antes para la Administración o el sector público porque no podrán realizar esta labor profesional en ninguna de las materias sobre las que prestaron servicios en los dos años posteriores a su cese en el cargo.
Deberán hacer constar su domicilio o sede social e información financiera sobre el último ejercicio contable "indicando qué parte es imputable a la actividad de influencia", explica el ministerio.
Los "lobbies" estarán sometidos a un código de conducta, y la norma incluye además un régimen sancionador, en el cual la infracción muy grave acarreará la cancelación de inscripción en el registro y la prohibición de solicitar una nueva inscripción en un período de dos años.
Se establece además la obligación de incorporar un informe de la llamada "huella legislativa" a cualquier proceso de elaboración legislativa donde aparecerán las actividades de los grupos de interés para influir en los proyectos normativos.
Es decir, que se podrá conocer así la identidad del personal público que haya mantenido contacto con estos grupos, así como las aportaciones formuladas, con identificación de cada "lobby", la fecha y el propósito de cada contacto.
Nada más conocerse la aprobación del anteproyecto, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que agrupa a más de 300 profesionales del sector, ha celebrado la medida, que acaba con lo que consideran una "anomalía" porque España es uno de los pocos países europeos que no regula estas labores profesionales.
La entidad hace un llamamiento a las fuerzas políticas en favor del consenso en su tramitación parlamentaria, recuerda que las actividades de los grupos de interés son fundamentales en una democracia y considera que deben desarrollarse "bajo los más altos estándares de la ética y la transparencia".
En este sentido, apuesta porque la nueva regulación "promueva una interacción ética, transparente, efectiva y equilibrada entre ambas partes, a través de mecanismos específicos que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas", como el registro público, la publicación de las agendas de los representantes públicos o la huella normativa. EFE
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