La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha propuesto juzgar a ocho personas por las presuntas irregularidades en el proceso de venta de las plantas de aluminio de Alcoa en A Coruña y Avilés con el supuesto fin de descapitalizarlas y de desviar sus activos hacia su patrimonio personal y hacía las estructuras societarias creadas para apoderarse de ellos.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la investigación, la magistrada explica que los hechos son constitutivos de delitos de apropiación indebida o administración desleal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y constitución o pertenencia a organización o grupo criminal.
La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, acuerda el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones para una persona jurídica --Alcoa Inespal-- y cuatro físicas, así como el sobreseimiento provisional para otras tres.
Procede, sin embargo, contra Víctor Rubén Doménech; Joachim Magim; Luis Losada; Francisco Javier Fernández de Bobadilla; Alexandra Camacho; Diego Peris; Antonio Fernández y Eduardo Julio García Hidalgo.
La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 recuerda que la causa se inicia por una querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales debido al proceso de venta de las plantas de producción de aluminio que la empresa Alcoa Inespal SL tenía en A Coruña y Avilés dada la difícil situación económica que atravesaban.
DOS FASES PARA LA VENTA
La venta de las plantas, explica, se produjo en dos fases. En la primera de ellas, el 31 de julio de 2019, Alcoa vendió el 100% de los dos centros de producción por el precio simbólico de 1 euro a las mercantiles Alu Holding AC Spain SLU y Alu Holding AVL 2019 Spain SLU, que habían sido creadas poco antes por la sociedad Blue Motion Technologies, propiedad de un grupo suizo.
En la segunda venta, de 8 de abril de 2020, Blue Motion Technologies, incumpliendo los términos del acuerdo de venta, la volvió a vender por 13 millones de euros a la sociedad española System Capital Company, que también había sido constituida poco antes por uno de los investigados.
Para llevar a cabo la venta, afirma la jueza, los 13 millones utilizados en la operación se detrajeron de la tesorería de las propias empresas que se iban a vender, en una operación diseñada por los investigados a los que propone juzgar.
La instrucción ha revelado, continúa, que de forma previa a la segunda venta uno de los investigados ordenó transferencias por una cantidad cercana al millón de euros desde las cuentas bancarias de Alu Ibérica a cuentas suizas de empresas que controlaba.
TRANSFORMAR DINERO EN CRIPTOACTIVOS
Igualmente, según la juez, a partir de la segunda transmisión irregular de las dos factorías "se empieza a desarrollar una concatenada y reiterada sucesión de hechos que tendrían como objetivo la descapitalización y despatrimonialización de las entidades y sus iniciales activos y su desvío y canalización, bien hacia el patrimonio personal de los investigados, bien a las estructuras societarias que han ido configurando ad hoc para apoderarse de aquellos". Todo ello, anuda, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores y acreedores de las empresas.
A modo de ejemplo, indica la jueza Tardón, se interpusieron sociedades en la compra de productos para incrementar artificialmente su precio, se simularon préstamos, se desvió dinero a mercantiles controladas por los investigados, o se asignó un sueldo "desorbitado" a otra de las investigadas.
Todas estas actuaciones se prolongaron en el tiempo hasta que fue nombrado un administrador judicial por el juzgado de la Audiencia Nacional en julio de 2021 y se decidió la solicitud de concurso de acreedores de las sociedades, que se acordó a finales de ese año.
Por último, la magistrada destaca cómo los investigados invirtieron las ganancias obtenidas en la adquisición de criptomonedas con el fin de su posterior conversión a moneda de curso legal. También habrían ofrecido a terceras personas una remuneración a cambio de transformar dinero de origen desconocido en criptoactivos y, posteriormente, en dinero en metálico.
Una vez dictado el auto de pase a procedimiento abreviado, la jueza da un plazo a la Fiscalía y las restantes partes acusadoras para que soliciten la apertura de juicio oral formulando sus escritos de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
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