Madrid, 21 ene (EFE).- El juez Santiago Pedraz investiga a 34 personas físicas y 49 jurídicas por la trama de fraude del IVA de hidrocarburos en cuya "cúspide" se sitúan el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama y el empresario Claudio Rivas, quienes ingresaron en prisión en octubre por estos hechos y hace pocos meses quedaron en libertad provisional.
Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha tenido acceso EFE y que fue admitida en su integridad por el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, los investigados conformaban una "organización criminal" con "elementos integrados en España y Portugal", cuya finalidad era cometer "delitos de defraudación del IVA y blanqueo de capitales".
La Fiscalía calcula que la posible cuota defraudada del IVA entre los ejercicios 2022 y 2024 ascendería a 182.513.923, 15 euros.
La red, prosigue Anticorrupción, operaba con "plurales" sociedades instrumentales -de ahí la elevada cantidad de empresas investigadas- "con diferentes domicilios sociales distribuidos estratégicamente por España".
Los beneficios obtenidos del fraude fueron, "en una parte relevante", derivados "fundamentalmente" a cuentas de China y Portugal si bien también "se han obtenido indicios que permiten interferir que la organización criminal contaría con capacidad para colocar los rendimientos de su actividad en otros países" como Macao, Colombia, Dubái (Emiratos Árabes) y República Dominicana.
Según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil unido al sumario de esta causa, al que ha tenido acceso EFE, se calcula que la trama desvió a esos países unos 74 millones de euros. La UCO ha detectado también transferencias de capitales y bienes a Suiza y Luxemburgo.
Entre los 34 querellados destacan los ya mencionados De Aldama y Rivas, una hermana de este último -María Luis Rivas- o la empresaria Carmen Pano, que afirmó públicamente haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en el marco de los negocios de esta trama.
De Aldama y Rivas estarían en la "cúspide" de esta organización criminal, según la UCO, y serían los "codirectores" de la trama, en la que sitúan a la hermana de Rivas como "subdirectora".
El organigrama lo completan Francisco Javier Cillán como "jefe de operaciones/contable" y los "testaferros cualificados" Félix Aparicio y Pedro Antonio Marín, seguidos de otros nueves "testaferros"
En cuanto a la estructura empresarial, la principal es la "operadora" Villafuel, que, según Anticorrupción, "habría estado simulando transmitir, en régimen suspensivo, el hidrocarburo de su propiedad a sociedades interpuestas cuando en realidad, Villafuel SL lo transmitía a sus clientes finales consiguiendo con dicho comportamiento defraudatorio, no ingresar las cuotas de IVA correspondiente".
Las sociedades interpuestas o también denominadas "suministradoras/subcuentas" son Salamanca Fuel Center, Obaoil, Canary Islands Fuel Company, Carburantes Jalón Plaza, Casmar Hidrocarburos, Skyward Tech y Espaeventos.
Estas empresas con "aparente carácter instrumental", dice la Fiscalía, eran administradas por personas "en principio, sin experiencia en el sector de hidrocarburos" y recibieron "un gran volumen de fondos de distribuidores al por menor, los cuales habrían sido transferidos para la supuesta compra de combustible" y no ingresaron, "en su mayoría, las cuotas de IVA repercutidas".
Villafuel, relata la querella, tiene la consideración de operador al por mayor de productos pretrolíferos desde el 15 de septiembre de 2022 mediante autorización del Ministerio de Transición Ecológica "sin cumplir, aparentemente con el requisito financiero que la normativa exige, dado que en esa fecha únicamente contaba con capital suscrito por importe de 595.000 euros, en tanto que, únicamente consta la ampliación de capital por importe de 580.000 euros".
A esto se suma, observa la Fiscalía, que el crédito de 2,5 millones que obtuvo de Abanca es posterior a la fecha en la que consiguió la consideración de operador.
Esta condición -prosigue el escrito- le facultó a suscribir un contrato de servicios logísticos con la sociedad Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)y que actualmente se denomina Exolum Corporation, que actúa como depósito fiscal, lo que significa que es propietaria del hidrocarburo.
"A diferencia de otros casos de fraude de suministro de hidrocarburos, Villafuel presenta únicamente dos declaraciones del Modelo 380 de operaciones asimiladas a las importaciones en las salidas de depósito fiscal de CHL (Exolum) con unos importes declarados que suponen una ínfima parte del volumen de extracción de depósitos fiscales", expone la Fiscalía.EFE
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