Alberto Santacruz
Mérida, 17 ene (EFECOM).- La orden ministerial que da por definitivo el cese de explotación de la central nuclear de Almaraz en 2027/28 y la "excesiva carga" fiscal que soporta dicha planta, con casi 450 millones de euros anuales, son dos elementos claves que juegan en contra para que esta central cacereña pueda continuar su actividad más allá de la fecha marcada.
Además, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, afirmó esta misma semana que los plazos para el cierre definitivo de la planta nuclear española ya fue acordada en 2019 por empresas, instalaciones y con Enresa, empresa pública responsable de la gestión de residuos radioactivos que se generan en el país.
ORDEN MINISTERIAL
La orden ministerial de 23 de julio de 2020 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico otorgó la renovación de la autorización de explotación de la central de Almaraz y fijaba como "definitivo" el cese de la misma el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II.
Fuentes consultadas por EFE han explicado que dicha catalogación como "definitiva" impide a las empresas propietarias obtener una posible nueva prórroga, por lo que sólo "una modificación o derogación" de la citada orden ministerial abriría la ventana a las empresas propietarias de la central cacereña para iniciar el camino hacia una posible prórroga de actividad.
CARGA FISCAL
La central nuclear de Almaraz, que da empleo a casi 3.000 trabajadores directos, indirectos e inducidos y cuya producción energética atiende al 7 % de la demanda eléctrica del conjunto del país (alrededor de cuatro millones de hogares), abona unos 450 millones de euros anuales en impuestos.
Un reciente informe de la firma auditoria y consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) recoge que el parque nuclear español soporta "una creciente carga fiscal que incluye conceptos redundantes y no justificados, aumentando sus costes hasta niveles económicamente insostenibles".
Entre 2025 y 2035, la carga fiscal, según este informe, supondrá más de un 40 % de los costes totales del parque nuclear. Además, la carga fiscal soportada por el parque nuclear se ha incrementado más de un 70 % en los últimos cinco años.
Entre las principales cargas fiscales que soporta el parque nuclear figuran la tasa Enresa, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el Impuesto de producción combustible nuclear gastado, las ecotasas (impuestos establecidos por las comunidades autónomas con justificación por razones de medio ambiente), el IBI y el IAE.
"Lo que no puede ser es que al final se eche por tierra y se diga que no es competitiva una tecnología -la nuclear-, cuando no es competitiva porque te cargan de impuestos", aseveró esta misma semana el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce.
En este sentido, explicó que los impuestos que pagan cada una de las centrales son diferentes, "pero hay una media de 18 euros de impuestos, más 10,3 euros/MWh de la Tasa Enresa que nos la han subido ahora un 30 % respecto a la tasa que había antes, que ya nos la habían subido un 20 % respecto al 2019".
El informe de PxC concluye que la fiscalidad que soporta el parque nuclear se ha incrementado más de un 70 % en los últimos cinco años, y entre 2025 y 2035 supondrá más de un 40 % de sus costes totales. EFECOM
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