Dos ex altos cargos de Ayuso imputados por prevaricación en el caso residencias

Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, sucesivos ex directores de Coordinación Sociosanitaria, han sido imputados por un juzgado de Getafe (Madrid) por prevaricación en el caso residencias, tal y como pedía la acusación popular del PSOE en una causa sobre una residencia sobre la pandemia.

Así lo ha indicado Óscar López - ministro para la Transformación Digital y la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid - en un audio remitido a los medios de comunicación, en el que informa sobre el avance de la investigación del “escándalo” de las residencias en Madrid durante la pandemia del Covid-19. Por primera vez un Juzgado ha admitido que se investigue por prevaricación a los responsables de redactar los “protocolos de la infamia” que no permitieron el traslado de ancianos de residencias a hospitales.

Esta decisión ha sido adoptada por el juez que investiga el fallecimiento de Petra Gadea por una infección por coronavirus el 12 de abrir de 2020, a los 88 años de edad, en la residencia de Los Ángeles, en Getafe, tras no haber sido trasladada a un hospital para tratar la enfermedad, por lo que no pudo recibir cuidados paliativos ni medicación. Concretamente, se trata del titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe, plaza número 3.

El 10 de octubre de 2024, Mayte Rodríguez - hija de Petra Gadea - se incorporó a la denuncia colectiva promovida por más de un centenar de familias, cuyo objetivo es depurar responsabilidades por la atención sanitaria recibida por ancianos y personas con discapacidad durante los meses más críticos del covid-19. Esta denuncia colectiva se dirige contra altos cargos del Gobierno regional de la época y contra los geriatras de veinticinco hospitales, atribuyéndoles un posible delito continuado de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.

Entre los investigados en este procedimiento se encuentran Carlos Mur, quien firmó los protocolos objeto de la causa; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el principal artífice de estos documentos; y Pablo Busca, responsable del Summa 112 y de la organización de los traslados en ambulancia durante la emergencia sanitaria. La instrucción judicial busca esclarecer si las decisiones tomadas desde la administración y los hospitales supusieron una discriminación sistemática en el acceso a la atención hospitalaria, especialmente entre los colectivos más vulnerables de la región.

El Partido Socialista solicitó la ampliación de la denuncia para incluir también un presunto delito de prevaricación, centrado en las órdenes que restringieron la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos, así como en las directrices para medicalizar residencias en la Comunidad de Madrid. Esta ampliación se fundamenta en las decisiones administrativas registradas durante los primeros meses de la pandemia y su impacto en la atención de los residentes.

El auto judicial al que ha accedido la agencia EFE recoge que el magistrado instructor ha admitido parcialmente la ampliación de la denuncia formulada por el PSOE. En concreto, la resolución judicial acuerda avanzar en la investigación sobre el supuesto delito de prevaricación que atribuye al entonces director general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur de Viu, en relación a la orden dada al Hospital de Getafe y la residencia geriátrica Los Ángeles. El juez también incluye en el análisis la posible participación de Francisco Javier Martínez Peromingo en los hechos investigados.