Condenado a diez años de prisión tras reconocer que intentó asesinar a su mujer en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

La hija mayor de la pareja intervino directamente durante el ataque para intentar detener la agresión, mientras sus dos hermanos menores lograron huir de la vivienda y solicitar ayuda a los vecinos, lo que permitió la rápida llegada de los servicios de emergencia. Según informó el medio de comunicación que cubrió el caso, tras este episodio de violencia ocurrido en Alcázar de San Juan en abril de 2023, el responsable reconoció los hechos ante la sala de la Audiencia Provincial de Ciudad Real y aceptó una condena de diez años de prisión, en el marco de un acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y la acusación particular. De acuerdo con lo publicado, la aplicación de este pacto impidió la celebración del juicio previsto y condujo a la sentencia inmediata en sede judicial.

Conforme detalló el medio, el acuerdo establece una pena compuesta por nueve años de cárcel por tentativa de asesinato y un año adicional por maltrato en el entorno familiar. El veredicto incluye también varias restricciones estrictas: la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y sus hijos durante 20 años, así como la obligación de mantener una distancia mínima de 500 metros respecto de estas personas. El magistrado resolvió la privación de la patria potestad del acusado sobre sus hijos, la cual queda suspendida de forma indefinida según lo acordado por las partes.

El acuerdo mantiene todas las indemnizaciones reclamadas en la acusación, incluyendo un monto superior a los 91.000 euros destinados a la mujer agredida y más de 4.000 euros que corresponden a una de las hijas menores como afectada. Según consignó el medio, el hombre permanece en prisión desde el momento de los hechos, tiempo que será computado para el cumplimiento de la condena total. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una sanción de 14 años de cárcel por tentativa de asesinato y un año más por violencia familiar. La aplicación del pacto reducido evitó la comparecencia de la víctima en juicio, aspecto que las partes consideraron esencial, atendiendo al estado de salud física y psicológica de la mujer, quien aún presenta secuelas y continúa en proceso de recuperación tras más de un año desde el ataque.

Durante el episodio violento, según el escrito de la Fiscalía y los hechos admitidos por el propio acusado ante el tribunal, la mujer informó al responsable que pretendía abandonar el domicilio familiar junto a sus tres hijos, quienes en ese momento tenían 14, 10 y 7 años. El acusado respondió a este anuncio con agresividad, tomando un cuchillo de cocina de unos 18 centímetros y profiriendo amenazas. En el transcurso de la disputa, mientras la víctima recogía sus pertenencias de espaldas, el hombre se le acercó y le infringió una puñalada en la espalda. La agresión persistió y, tras la caída de la víctima, el hombre la atacó nuevamente con varias cuchilladas en diferentes partes del cuerpo.

Según reportó el medio citado, la brutalidad del ataque provocó lesiones muy graves, incluyendo daños abdominales y hepáticos que requirieron una cirugía de urgencia y un proceso médico de larga duración. Tras ese momento, el agresor también se autoinfligió heridas en la zona abdominal. Dos de los menores escaparon de la vivienda y notificaron a los vecinos, quienes al recibir el aviso alertaron a los servicios de emergencia. Tanto la mujer atacada como el agresor fueron posteriormente trasladados al hospital para recibir atención.

La recuperación de la víctima ha implicado un seguimiento hospitalario y psicológico debido a la gravedad de las lesiones. Según publicó el medio, la pronta intervención médica fue determinante, y las partes declararon a la prensa que de haber ocurrido estos hechos lejos de un centro hospitalario, el desenlace habría sido fatal para la mujer.

El acuerdo alcanzado entre las partes recibió valoración favorable, ya que, según sus declaraciones recogidas por el medio, consideraron que la resolución representa la opción más adecuada tanto por la cuantía de la pena impuesta como por el conjunto de medidas de protección establecidas. Las restricciones buscan principalmente proteger a la mujer y a los menores, asegurando la prohibición de cualquier posible contacto futuro con el condenado.