Madrid, 12 ene (EFE).- La Audiencia Nacional comienza a juzgar este lunes la rama murciana del caso Púnica por la que se sentarán en el banquillo en relación a contratos de reputación online el exconsejero Juan Carlos Ruiz y su jefe de gabinete, José Fidel Saura, durante el gobierno del PP que presidía Ramón Luis Valcárcel.
Junto a ellos también serán juzgadas otras siete personas, entre las que figuran la que fuera directora del Instituto de Turismo de Murcia, María Dolores Martínez o el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa (que resultó absuelto en el caso de la rama leonesa de Púnica por la que ya fue juzgado).
Todos ellos se enfrentan a penas que oscilan entre los cuatro años de cárcel que la Fiscalía reclama para el exconsejero regional -que dimitió de su cargo tras ser imputado en 2015- y los dos años y medio de prisión que pide para el resto por varios delitos relacionados con la mejora de la imagen y reputación de responsables políticos murcianos.
En su escrito de acusación, Anticorrupción señala que para realizar la campaña de imagen que favoreciera a Ruiz, entonces consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, se cometieron, presuntamente, varias irregularidades, como encargar los trabajos sin sacarlos a pública concurrencia.
El ministerio público pide para el exconsejero dos años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo público por un delito de fraude, además de otro año y medio de cárcel, multa de 150.000 euros y cinco años de inhabilitación por un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de prevaricación.
Para la ex directora del Instituto de Turismo, reclama, por fraude, dos años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación, y por el de prevaricación, diez años de inhabilitación.
En cuanto al que fuera jefe de gabinete de Ruiz, la Fiscalía solicita dos años y medio de prisión por fraude y ocho años de inhabilitación, así como un año y cuatro meses de prisión y multa de 100.000 euros por tráfico de influencias en concurso con un delito de prevaricación. Para los demás acusados el ministerio público solicita distintas penas según su grado de participación en los hechos.
Entre ellos se encuentran David Conesa, el que fuera asesor del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez; Francisco de Asís Ferreño, exjefe de gabinete de la alcaldía de Cartagena, además de otros directivos y funcionarios.
Durante la instrucción del caso Púnica, abierto en 2014, han sido investigadas varias administraciones por la contratación de trabajos de reputación en internet encargados a las sociedades EICO y Madiva del empresario Alejandro de Pedro.
Alguna, como la que afectaba a la Comunidad de Madrid gobernada por Esperanza Aguirre, ha acabado siendo archivada, y la única que por el momento ha sido juzgada, la referida a la Diputación de León, se saldó con una sentencia -la segunda dictada en el caso Púnica- que no pudo dar por probado que dichos trabajos se hiciesen en favor y beneficio personal de los acusados, exresponsables de dicha institución.
En lo referente a la rama de Murcia, la investigación alcanzó en un principio al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez -también investigado en el llamado caso Auditorio- y a la entonces senadora del PP Pilar Barreiro, si bien en ambos casos las acusaciones contra ellos por el caso Púnica no prosperaron y terminaron en archivo en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, respectivamente. EFE
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