Madrid, 9 ene (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, cree que es deseable poner fin a las concesiones de autopistas lo antes posible, aunque advierte de que no es fácil, ya que en el 2000 algunas se prorrogaron hasta 2048 y los rescates serían enormemente costosos para el erario publico.
Durante un desayuno informativo organizado este jueves por Nueva Economía Fórum, el ministro ha abogado por un único sistema, ya que entiende que no es justo tener uno en el que haya peajes en unos territorios y en otros sea gratis.
Al respecto, ha precisado que gratis no se circula por ningún sitio, porque las carreteras siempre se pagan o con presupuestos o con peajes.
En este sentido, ha insistido en que no es de recibo que algunos paguen dos veces, con impuestos o con peajes, y por ello defiende un sistema justo, una tabla rasa, y que se abra un debate sobre cómo se quiere financiar esas infraestructuras.
El ministro ha dicho ser partidario de que pague quien las usa, pero ha subrayado que no puede ser una decisión unilateral, sino fruto del consenso porque es estructural, ya que afecta al país durante décadas.
"Es una decisión en la que tendríamos que ponernos de acuerdo", ha recalcado Puente, que ha asegurado que es duro, pero muy dialogante, y que le gustaría llegar a un entendimiento con el PP.
Por otro lado, el ministro ha descartado la liberalización del transporte por carretera en autocar, ya que asegura ser un "intervencionista convencido"; y ha apuntado que un servicio público como el autocar necesita reglas para ser lo más equitativo posible y para no dejar a nadie tirado.
En su opinión, el sistema concesional actual está completamente caducado, incluso jurídicamente, ya que ahora se está operando con reglas de hace 40 años y no es sostenible.
Ha apostado por actualizarlo, sea agradable o no, y que cada uno asuma sus competencias.
Ha explicado que su competencia es comunicar núcleos de población distantes y la de las comunidades autónomas sostener las comunicaciones dentro de sus territorios y en el ámbito rural.
Por ello, ha emplazado a las comunidades a que asuman sus competencias y los costes asociados a ellas. EFE
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