Madrid, 15 dic (EFE).- La ley que proponen Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler temporal y de habitaciones volverá esta semana a debatirse en el Congreso, con algunos cambios técnicos pactados por sus promotores con Junts, que hace tres meses impidió por sorpresa su tramitación.
En esta ocasión, la ley cuenta con los apoyos suficientes para salvar la primera votación en el pleno, aunque está por ver si culmina toda la tramitación parlamentaria, ya que el Ministerio de Vivienda se ha comprometido a aprobar antes de fin de año su propia regulación por decreto.
El fraude consiste en realizar este tipo de contratos para esquivar los límites de precios y la protección de los inquilinos que imponen la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley por el Derecho a la Vivienda a los contratos de alquiler de vivienda habitual.
Así, por ejemplo, mientras que la LAU obliga al arrendador a realizar contratos de cinco o siete años, durante los cuales el precio del alquiler no puede aumentar más allá de la inflación, los de temporada y los de habitaciones permiten subir los precios cada seis o nueve meses a inquilinos que viven en esa vivienda de forma estable.
La proposición de ley que impulsa la izquierda supone una reforma de la LAU para incluir en su ámbito de aplicación los arrendamientos temporales y de habitación.
El texto propuesto establece, entre otras novedades, que si un alquiler temporal dura más de nueve meses o encadena más de dos contratos consecutivos, el primero se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y se le podrán aplicar los mismos preceptos, plazos y prórrogas.
Subraya además, en una disposición adicional, que en los casos de las comunidades autónomas que hayan desarrollado legislación propia en esta materia, "será de aplicación la normativa autonómica, respetando así la división competencial", lo que garantiza el voto favorable del PNV y Junts.
La propuesta legislativa, cuya toma en consideración se debate este martes, contará también con el voto a favor del PSOE, han confirmado a EFE fuentes socialistas.
No obstante, el Ministerio de Vivienda ultima estos días su decreto de alquiler temporal, con la intención de que empiece a funcionar en pruebas el próximo 2 de enero.
Este supondrá la obligación de registrar digitalmente todas las viviendas de alquiler de temporada, turístico y de habitaciones, con un código expedido por la administración, que deberá renovarse cada doce meses, habrá que presentar los contratos efectuados en ese año y, si la renovación es denegada, la administración informará a las plataformas inmobiliarias para prohibirles comercializar ese inmueble.
Desde el ministerio que dirige Isabel Rodríguez sostienen que este sistema, que tecnológicamente conectará en tiempo real a propietarios de viviendas, plataformas inmobiliarias, registradores de la propiedad, comunidades autónomas, entidades locales, comunidades de propietarios y Gobierno de la nación, supone un "instrumento muy potente de detección del fraude" en este tipo de arrendamientos. EFE
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