Madrid, 9 dic (EFE).- El Ministerio de Juventud e Infancia quiere prohibir la aplicación en los tribunales del síndrome de alienación parental (SAP) a través de la modificación de la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi).
El departamento dirigido por Sira Rego ha abierto este lunes el trámite de consulta pública previa sobre la reforma de la Lopivi, que pretende reforzar la protección de los menores y prohibir el SAP, una teoría que sugiere que una madre o padre manipula a sus hijos para que rechacen al otro progenitor y que algunos jueces la aplican en casos de litigios familiares.
Fuentes del Ministerio de Juventud han destacado a EFE la prioridad de esta prohibición dentro de la reforma para poner fin a la interpretación que hacen algunos jueces de esa teoría y sus consecuencias.
La consulta, a la que pueden enviarse aportaciones hasta el 23 de diciembre, explica que el informe de seguimiento de la Lopivi ha puesto de manifiesto avances normativos, pero también "áreas en las que es preciso realizar un trabajo más exhaustivo" para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los menores y el buen trato "frente a nuevas y persistentes modalidades de ejercer violencia".
Argumenta que diversos informes de entidades que trabajan en la protección de la infancia alertan del aumento de los casos de violencia contra los menores, a través de distintas formas (tratos negligentes, violencia mental o física, abusos o explotación sexual, violencia a través de los medios de comunicación o en las instituciones).
Pero también, destaca que "existe un tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas, niños y adolescentes de su familia" con el fin de causar un daño o perjuicio a la mujer.
"Los últimos datos analizados muestran que estos casos de violencia contra las personas menores de edad han aumentado en los últimos años constituyendo un grave problema social, al materializarse la violencia de género además en hijas, hijos y personas allegadas menores de edad de las mujeres víctimas de esta violencia", añade.
Para este departamento, los informes y recomendaciones del Defensor del Pueblo, así como el pacto de Estado contra la violencia de género obligan a avanzar en este sentido en la protección de todas las víctimas.
"Es imprescindible dotar a esta legislación de una mayor transversalidad de género y recoger las diferentes formas de violencia contra la infancia que se producen en los diferentes espacios de los que esta participa, con medidas preventivas y de reparación adecuadas", indica la propuesta de Juventud e Infancia.
Entre los objetivos de la norma, se persigue garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos del niño y la armonización respecto del cumplimiento efectivo de las disposiciones de la Convención sobre Derechos del Niño en el respeto a los derechos de la infancia y adolescencia. EFE
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