Madrid, 9 dic (EFE).- La cuestión de confianza a la que ha emplazado este lunes Junts al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es una vía contemplada en la Constitución para que el Gobierno demuestre que mantiene el apoyo del parlamento.
El partido del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha registrado en el Congreso una iniciativa parlamentaria para pedir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza porque, pasado más de un año desde su investidura, constatan "falta de voluntad política" sobre los acuerdos que la hicieron posible.
Junts sostiene en el texto de la iniciativa que la ausencia de avances de forma "completa y ágil" imposibilita "generar la base de confianza que se pretendía y que es del todo necesaria para encauzar el resto de la legislatura".
La cuestión de confianza, recogida en los artículos 112 y 114 de la Constitución así como en los artículos 173 y 174 del Reglamento del Congreso que la desarrolla, busca confirmar el vínculo de confianza entre el Congreso y el presidente del Gobierno que fue sellado en la votación de investidura.
El artículo 112 de la Constitución establece que la cuestión de confianza la puede plantear el presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, sobre su programa o sobre una declaración de política general.
Celebrado un debate monográfico en el Congreso, se considerará otorgada la confianza de la Cámara cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados.
Según el artículo 114.1 de la Constitución, si el Congreso niega la confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al Rey y a continuación se iniciará el proceso para designar un nuevo presidente.
Al igual que en la investidura, el jefe del Estado deberá celebrar las oportunas consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios para proponer un candidato que se someterá a un debate en el Congreso y a una votación en el pleno.
El procedimiento de la cuestión de confianza solo se ha planteado en dos ocasiones desde la aprobación de la Constitución de 1978.
La primera de ellas fue presentada por el entonces presidente del Gobierno Adolfo Suárez el 16 de septiembre de 1980 para poner en marcha un programa de austeridad económica y desarrollar el Estado de las autonomías.
Suárez consiguió la confianza del Congreso, donde su partido, la UCD, no tenía la mayoría absoluta, por 168 votos a favor, 164 en contra, dos abstenciones y cuatro ausencias.
La segunda cuestión de confianza la planteó el presidente socialista Felipe González el 5 de abril de 1990 para pedir una "especial política de diálogo" que permitiera llevar a cabo una economía competitiva en el marco de la UE, impulsar la política exterior y progresar en el capítulo de las autonomías.
González obtuvo el apoyo de la Cámara por 176 votos favorables, 130 en contra, 37 abstenciones y tres ausencias, además de las ausencias de los cuatro diputados de HB. EFE
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