La Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Europea Delegada de Letonia, ha desarticulado una compleja trama por defraudar más de 50 millones de euros mediante el impago del IVA en el país letón. La red de empresas distribuía y vendía de forma fraudulenta componentes electrónicos a un precio muy bajo, a través de centros logísticos repartidos por toda Europa, uno de ellos en España.
La operación se ha enmarcado en la participación simultánea de 15 países, entre ellos España, la colaboración de Europol y Eurojust, y que se ha saldado con la detención de 32 personas en Estonia, Letonia y Lituania, según ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado.
El conglomerado, que operaba desde 2018, consiguió reducir su base imponible de IVA declarando transacciones ficticias sobre bienes y servicios, supuestamente recibidos de otras empresas. De esta forma, lograba vender sus productos a un precio inferior que el del mercado, puesto que no ingresaba en su país la totalidad del impuesto debido.
Las mercancías electrónicas, compradas a la trama por empresas instrumentales, se enviaban directamente a almacenes de centros logísticos distribuidos por España, Francia, Alemania, Estonia y Lituania, desde donde se vendían a clientes finales. Estas empresas no declaraban la venta de bienes y no ingresaban el IVA correspondiente, evadiendo así el pago de impuestos.
Las autoridades de Letonia han estimado que la cantidad defraudada asciende a más de 50 millones de euros en el periodo que comprende desde 2018 hasta 2024. En nuestro país han sido intervenidos 706 productos electrónicos que estarían valorados en más de 140.000 euros.
El operativo en España comenzó después de que la Fiscalía Europea pidiera que se localizara a los representantes tributarios de las empresas extranjeras que realizaban ventas en nuestro país. Además de hacer esto, agentes de la Policía Nacional bloquearon la mercancía que las empresas distribuían desde centros logísticos ubicados en territorio nacional.
Según la investigación, los sospechosos establecieron empresas ficticias en 15 Estados miembros de la Unión Europea, actuando como proveedores legítimos de productos electrónicos, y vendiendo así más de 1.480 millones de euros por Internet a clientes situados en la UE. Con todo, la red habría llegado a generar un perjuicio a nivel europeo de 297 millones de euros en materia de IVA.
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