Logroño, 21 nov (EFE).- La Guardia Civil en La Rioja ha investigado a un hombre de 53 años como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico, tras ocasionar graves daños en el yacimiento arqueológico romano 'La Torrecilla', ubicado en el municipio riojano de Calahorra.
Las obras realizadas por este hombre, vecino de Aldeanueva de Ebro (La Rioja), han alterado y deteriorado gravemente el yacimiento, lo que se considera un daño, lesión o menoscabo al patrimonio arqueológico, ha detallado este jueves la Guardia Civil en una nota.
Este impacto, ha añadido, se agrava al haberse llevado a cabo dentro de una zona delimitada como Bien de Interés Cultural (BIC), con la consecuente pérdida irreparable de información histórica sobre materiales que pudieron formar parte de diversas estructuras de la época romana.
La Guardia Civil detectó la ejecución de obras en varias parcelas del polígono 47 de Calahorra, dentro del yacimiento 'La Torrecilla', que consistían en la roturación del terreno para la plantación de viñedo y la instalación de un sistema de riego.
Ello provocó graves daños en piezas arqueológicas, como cerámica común, restos de adobes, sillares, tinajas y sigillatas, ha subrayado.
Tras identificar al responsable de esas obras, se comprobó que no contaba con las autorizaciones necesarias para realizarlas por parte del Ayuntamiento de Calahorra y de la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja.
Varios técnicos arqueólogos se desplazaron al lugar para verificar y evaluar los daños causados por los movimientos de tierra, que afectaron prácticamente a toda la superficie del yacimiento.
Los expertos confirmaron daños significativos en numerosos fragmentos de cerámica, con una cronología que abarca desde la época celtibérica hasta la tardorromana.
La Consejería llevará a cabo sondeos arqueológicos para determinar con exactitud el porcentaje del yacimiento destruido y el que se conserva; así como para evaluar el impacto económico y cultural causado por el investigado.
Las diligencias policiales han sido remitidas a la autoridad judicial y a la Fiscalía de Medio Ambiente. EFE
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