El PP ha aprobado este miércoles con su mayoría absoluta que el Senado plantee un conflicto institucional al Congreso de los Diputados por haber enviado para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero, en lo que supone el primer paso para llevar este asunto al Tribunal Constitucional (TC).
Pese a haberse publicado ya la ley en el BOE, el PP no ha desistido para presentar un nuevo requerimiento formal a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que la someta de nuevo a votación en la Cámara Baja. Si no lo hace, los 'populares' han amenazado con presentar un conflicto de atribuciones ante el TC.
El Congreso aprobó inicialmente por unanimidad la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Fue tras una denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), quejándose de que la convalidación de penas también afectaba a presos etarras, cuando la norma perdió el apoyo de PP y Vox y fue rechazada por el Pleno del Senado en su última fase parlamentaria.
EL PP DIO POR VETADA LA LEY
El Senado, con la mayoría del PP y un informe de la Secretaría General, interpretó que ese rechazo en la ultima votación debía interpretarse como un veto, pese a que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda a la totalidad.
A continuación, y tras un informe verbal de los letrados, la Mesa del Congreso, con la mayoría que forman PSOE y Sumar, decidió dar por aprobada la ley y enviarla al Gobierno para publicarla en el BOE, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado todos los plazos para vetar la norma.
El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, respondió a esa decisión del Congreso enviando una carta a Armengol criticando que no diera como vetada la norma y precisando que, a su juicio, el competente para decidir sobre este asunto era el Constitucional.
La ley que beneficia a presos de ETA se publicó el pasado 19 de octubre en el BOE y entra en vigor este mes. Desde el Congreso han replicado al Senado que cumplió su obligación constitucional al darla por aprobada y enviarla al BOE.
Cabe recordar que no es la primera vez que el PP plantea un choque de competencias con el Congreso, ya que hace unos meses aprobaron esa iniciativa inédita entre las dos Cámaras. El motivo fue la entrada en vigor Ley de Amnistía, aunque finalmente el partido de Alberto Núñez Feijóo optó por no llevar el conflicto de atribuciones al Constitucional.
En aquella ocasión, el Senado remitió el conflicto de competencias al Congreso, que tiene un plazo máximo de respuesta de 30 días. A partir de ahí, corresponde a la Cámara Alta decidir si finalmente acuden al tribunal de garantías o no.
AMPLIAR LA COMISIÓN DEL 'CASO KOLDO'
El Senado también ha sacado adelante en el Pleno ampliar el objeto de la comisión de investigación del 'caso Koldo', para abarcar los asuntos que aparecen en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que aporta nuevos datos sobre la presunta trama de corrupción.
Los 'populares' diseñaron la comisión al inicio exclusivamente para el 'caso Koldo', pero ampliaron el objeto para abarcar asuntos que afectan a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y otros temas como el viaje a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero de 2020.
Por la comisión han pasado Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos que da nombre a la causa judicial que instruye la Audiencia Nacional; varios ministros, exministros y ex altos cargos de Ministerios; el 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, o la presidenta del Congreso, entre otros comparecientes.
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