Murcia, 23 oct (EFE).- Los tres acusados de asesinar en una vivienda de Pinoso (Alicante) a un vecino de la localidad murciana de Moratalla para robarle los 34.000 euros que llevaba consigo para comprar droga han sido condenados a catorce años de cárcel tras ser declarados culpables de los hechos por el jurado popular que a lo largo de dos semanas los juzgó en la Audiencia Provincial de Murcia.
El veredicto declaró también culpables, en este caso, por encubrimiento, a los otros tres acusados, dos de los cuales, hermanos, reconocieron que se encargaron de desguazar y esconder el coche de la víctima en su vivienda y de enterrar el cadáver en una sierra de la localidad murciana de Yecla.
La condena de los autores materiales del crimen es algo superior a la pedida por el fiscal, que en sus conclusiones definitivas reclamó penas por los dos delitos que sumaban once años y nueve meses de prisión, e inferior a la solicitada por la familia de la víctima, que solicitó treinta años.
La sentencia señala que los autores de los hechos, ocurridos en junio de 2019, fueron Agustín V.G., dueño de la vivienda donde se produjeron los mismos, José María G.M. e Iván P.G. y que los tres planearon previamente darle muerte para apoderarse del dinero.
Y recuerda que el jurado popular consideró probado la autoría por la declaración de los mismos, que en la segunda sesión del juicio reconocieron los hechos, y por las demás pruebas testificales y periciales practicadas en la vista oral.
Como propuso el fiscal, en contra del criterio de la acusación estatal, el magistrado-presidente del jurado aplica a aquellos las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión de los hechos.
En cuanto a los encubridores, estimaron los jurados en su veredicto que los tres eran culpables, aunque solo dos de ellos, Raúl R.T. y Leandro R.T., hermanos, admitieron la acusación, mientras que el tercero, Ousama F., se declaró inocente.
El fiscal del caso, igualmente, rebajó de tres años a cinco meses y ocho días de prisión la condena pedida para los dos encubridores confesos, que tras dictarse el veredicto volvió a rebajar para uno de ellos al dejarla en tres meses, mientras para el tercero, Ousama F., reclamó un año y ocho meses.
La sentencia condena a Raúl R.T. a cinco meses de cárcel, y a su hermano, Leandro R.T., a tres, y al tercer encubridor, Ousama F., a seis. EFE
dv/bc/aam
Últimas Noticias
La AN mantiene para abril el juicio de la 'Operación Kitchen': coincidirá con el del Supremo contra Ábalos y Koldo
El proceso por supuestas maniobras ilegales relacionadas con documentos de la causa Gürtel implicará a varios ex altos cargos del Ministerio del Interior, mientras que en simultáneo avanza otro caso relevante con cargos a exfuncionarios por contratos sanitarios controvertidos

El Gobierno de Aragón solicita personarse en el caso Forestalia y revisará toda la documentación del INAGA
La administración regional da el paso de sumarse al proceso judicial contra Forestalia como parte afectada, busca revisar minuciosamente el historial documental ambiental asociado y anuncia una ofensiva legal en defensa de los intereses aragoneses

El juicio en Gijón por el asesinato de Susana Sierra se juzgará con jurado popular pero no como violencia de género
La vista oral tendrá lugar con la participación de ciudadanos seleccionados, tras descartarse vínculos afectivos entre víctima y acusado, según la magistrada. La autopsia confirma muerte por estrangulación y la defensa puede apelar la resolución judicial

Abascal defiende que el pacto "puntual" en Extremadura se ha producido porque "no estaba Génova poniendo zancadillas"
Santiago Abascal asegura que el entendimiento alcanzado con el PP responde a la falta de interferencias desde la dirección nacional, remarcando que seguirán dialogando caso por caso y exigiendo garantías tras los comicios autonómicos del domingo

El Constitucional rechaza el recurso de los gobiernos de La Rioja y Cantabria contra la ley de amnistía
El máximo tribunal de garantías concluye que las objeciones presentadas por los Ejecutivos autonómicos han sido examinadas previamente, avalando la legitimidad de la medida y descartando irregularidades en su tramitación o vulneración de derechos fundamentales



