El Gobierno de Aragón solicita personarse en el caso Forestalia y revisará toda la documentación del INAGA

La intención declarada de personarse en la causa judicial ofrecerá al Gobierno autonómico acceso constante al estado de las diligencias y los documentos relacionados con la investigación. Según informó el medio, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, hizo público este enfoque tras concluir que las actuaciones del caso podrían afectar directamente a los intereses de la comunidad aragonesa. El Gobierno de Aragón solicitó formalmente al juez Juan José Cortés, responsable del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Teruel, su inclusión como parte perjudicada en el procedimiento judicial conocido como ‘caso Forestalia’, lo que le permitirá posteriormente ejercer como acusación particular y considerar la adopción de acciones tanto civiles como penales.

Tal como publicó el medio, la decisión incluye la revisión exhaustiva de toda la documentación obrante en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), organismo clave en la gestión medioambiental y cuya actuación se analiza respecto a los proyectos de energías renovables que impulsó Forestalia durante el mandato anterior. Mar Vaquero subrayó que la motivación principal de la personación se centra en defender los intereses de Aragón y de su población frente a eventuales actos que puedan haber perjudicado al territorio, apuntando a conductas en las que, según destacó, podrían haberse visto involucrados altos cargos de los anteriores gobiernos socialistas tanto a nivel regional como nacional.

La vicepresidenta en funciones remarcó, según consignó la fuente, la importancia de que el INAGA actúe como un ente que supervise correctamente el cumplimiento de la legislación ambiental y fomente la actividad económica sin convertirse en un elemento que favorezca prácticas irregulares. La investigación, llevada adelante por la Guardia Civil y el juzgado turolense, se centra en los procedimientos de evaluación medioambiental aplicados a los proyectos de renovables promovidos por Forestalia en la etapa del anterior Ejecutivo regional, presidido por el PSOE, aunque el foco también podría abarcar al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

La comparecencia de Mar Vaquero incluyó referencias a posibles vínculos del caso con otras investigaciones judiciales abiertas, entre las que citó los casos Koldo, Ábalos y Cerdán. Además, la personación del Gobierno de Aragón les permitirá conocer de forma precisa cada etapa del procedimiento y los documentos revisados en cada momento, manteniendo un control más cercano sobre la evolución del proceso legal, tal como detalló la fuente.

Vaquero reafirmó la disposición total del Gobierno liderado por Jorge Azcón a colaborar con las autoridades judiciales y la Guardia Civil, proporcionando todos los datos requeridos. Recordó además que Azcón ya había anunciado previamente la puesta en marcha de una comisión de investigación en las Cortes de Aragón y revisar de manera minuciosa todos los expedientes de los organismos vinculados a los hechos bajo escrutinio judicial. El Ejecutivo regional quiso dejar claro, informó el medio, que no intervino en la tramitación del Clúster del Maestrazgo, otro de los proyectos investigados dentro del caso. El Gobierno autonómico se mantiene a la espera de la resolución judicial, expresando su respeto a las decisiones que emanen de la Justicia.

Durante la comparecencia ante la prensa, Mar Vaquero destacó la necesidad de que las investigaciones sigan el curso marcado por el ritmo de la Policía y la Justicia, resaltando la seriedad de las pesquisas, así como la credibilidad de las instituciones implicadas. Además, reiteró la importancia de mantener control, transparencia y plena seguridad jurídica en todos los procedimientos relacionados con los parques de energías renovables, alineando esta posición con las directrices señaladas por la Cámara de Cuentas en la materia.

El medio también detalló que el presidente Azcón anunció durante la reciente campaña electoral su propósito de reformar los mecanismos de control, transparencia y seguridad jurídica del INAGA. El Partido Popular, según reportó la fuente, denunció en ese contexto supuestas prácticas irregulares en la tramitación de relacionados con renovables. Tras acceder al Gobierno, Azcón modificó la dirección del Instituto, incrementó los recursos personales disponibles y rechazó depurar funcionarios que no quisieron involucrarse en conductas irregulares.

El argumento central del Ejecutivo, según consignó el medio, insiste en que el INAGA debe convertirse en un instrumento útil para la promoción de la actividad económica y el control medioambiental, cumpliendo su función con rigor y transparencia, al margen de si es un ente autonómico o una dirección general integrada del Gobierno de Aragón. Sobre la propuesta de algunos grupos ecologistas de transformar el INAGA en una dirección general, Vaquero opinó que lo fundamental reside en garantizar su utilidad y profesionalidad, manifestando aprecio por el trabajo ejercido por los profesionales del Instituto, a quienes reconoció las dificultades laborales surgidas por la presión del caso.

La remisión de todos los expedientes solicitados por la Cámara de Cuentas se vio ralentizada por incompatibilidades técnicas entre los sistemas informáticos, aunque el Gobierno autonómico aseguró su cooperación plena para facilitar la investigación. Los servicios jurídicos del Ejecutivo aragonés lideran el proceso de personación, reforzando su estrategia de defensa institucional en el proceso iniciado contra Forestalia y supervisando la documentación ambiental generada por el INAGA, que ahora pasa bajo un minucioso escrutinio oficial, según detalló el medio.