Madrid, 21 oct (EFE).- El juez Santiago Pedraz mantiene en prisión al "comisionista" de la trama Koldo Víctor de Aldama por su presunta implicación en una trama de fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros, para evitar que obstruya la búsqueda de los fondos que se sospecha oculta en el extranjero.
"Si el investigado se encontrara en libertad, aun cuando se pudieran acordar otras medidas como la prohibición de salida del territorio nacional, (...) podría seguir operando con los fondos depositados en el extranjero y ocultar los canales utilizados para la transferencia de los fondos a terceros países", indica el magistrado al rechazar en un auto el recurso de De Aldama contra su ingreso en prisión.
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De Aldama planteó la nulidad de esta medida al alegar que fue acordada pasadas 72 horas de su detención, además de considerar que su ingreso en prisión podía entenderse como un medio de "presión" para "conseguir fines estatales como el confesado de descubrir eventuales cuentas o bienes ocultos".
A este respecto el magistrado de la Audiencia Nacional no responde expresamente, si bien advierte que es indiferente a esta causa "la situación personal en otra del Juzgado Central 2 -caso Koldo-, pues no hay referencia aquí alguna, más que la que puedan aludir las partes".
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Para Pedraz "existen motivos bastantes para creer responsable al investigado del delito", lo que hace necesaria la medida de prisión "a los efectos de que no pueda obstruir a la instrucción de la causa: se han acordado múltiples diligencias algunas de la cuales, de hallarse en libertad, pudieran no llegar a su fin pues pudiera actuar para evitar su consecución".
Además de que queda aún por analizar lo hallado en los registros, según recuerda el juez, una parte importante de lo defraudado (73.902.852,60 euros) podría haber sido transferido a cuentas en el extranjero, por lo que se hace "preciso proceder a su localización y bloqueo, así como la determinación de las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas".
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"Obviamente, una vez se aseguren las medidas acordadas o que se puedan acordar podrá revisarse su situación personal", precisa no obstante el juez.
En cuanto al exceso aludido de las 72 horas de la detención hasta que se le envió a prisión, Pedraz sostiene que la detención fue policial y el detenido, "según resulta acreditado (acta de detención y volante de entrega e calabozos), fue puesto a disposición judicial en plazo legal".EFE
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