La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 2,46 millones de euros al Consejo General de Procuradores de los Tribunales (CGPE) por fijar un recomendación colectiva de precios y por publicitar su plataforma de subastas con información engañosa.
En concreto, la CNMC ha impuesto dos multas al CPGE. La primera por valor de 1,6 millones de euros por la recomendación colectiva de precios y la segunda por un importe de más de 800.000 euros a causa de la competencia desleal fruto de la información engañosa sobre su plataforma. Además, insta a la organización a que cese las conductas señaladas, consideradas como "muy graves" por la CNMC.
Tras poner en funcionamiento la web a través de la que gestionaba las subastas de bienes en 2016, el CGPE fijó las comisiones que cobrarían los colegios de procuradores que utilizasen esta plataforma.
En mayo de ese año, el CPGE fijó un porcentaje entre un 5% y un 15% del precio de adjudicación para bienes muebles, y en diciembre, estableció un porcentaje máximo del 5% para los bienes inmuebles.
De este modo, la organización fijó a través de su plataforma unos precios máximos, mínimos o fijos, aplicables excepto en pacto contrario, que el adjudicatario de la subasta debía pagar. Estos honorarios eran distribuidos entre el CPGE y los distintos colegios de procuradores.
Gracias a esta práctica se eliminaba la incertidumbre que genera la fijación libre de precios y por la que compiten los diferentes actores para conseguir clientes.
El CPGE es una entidad privada que actúa como las demás compañías del sector y compite con ellas en el mercado. En este sentido, a través de diferentes declaraciones de sus miembros aludió al carácter público de su plataforma y la promocionó como la única alternativa a las subastas judiciales y a los colegios de procuradores con competencia para subastar bienes.
Con estos actos, trasladó a los diferentes operadores que su plataforma ofrecía un intermediación más segura, alterando por tanto el comportamiento del mercado y provocando un perjuicio a la compentencia del mismo, según argumenta el organismo que preside Cani Fernández.
Este expediente disciplinario tiene su origen en la denuncia realizada por la entidad Activos Concursales S.L. en diciembre de 2022 y tras la cual la CNMC inició un expediente sancionador para conocer si estas prácticas afectaban a la competencia del sector.
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