Madrid, 11 jul (EFE).- La consellera catalana de Educación en funciones, Anna Simo, ha recusado a cuatro magistrados del Tribunal Supremo que tienen que resolver su recurso contra su condena a 4 meses de inhabilitación por tramitar las leyes del 1-O, que también está pendiente de la aplicación de la ley de amnistía.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, la consellera solicita la abstención o, en su caso, promueve un incidente de recusación contra el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, los magistrados Antonio del Moral y Andrés Martínez Arrieta, y la magistrada Carmen Lamela, de quienes cuestiona su imparcialidad.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a 4 meses de inhabilitación y 1.200 euros de multa por un delito de desobediencia a Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, que formaban parte de la Mesa del Parlament en septiembre de 2017 que tramitó el referéndum y las leyes de desconexión, bajo la presidencia de Carme Forcadell.
Para superar los trámites formales, que a menudo son el principal condicionante para inadmitir las recusaciones, Simó deja claro que ha presentado su petición "tan pronto" como se ha tenido conocimiento de la identidad de los magistrados por una providencia de 2 de julio, en la que se informaba de la deliberación y fallo del recurso para el 9 de julio.
En cuanto al fondo, la consellera explica que la intervención de Marchena, Del Moral y Martínez Arrieta en el juicio del procés "constituye un supuesto de pérdida de la imparcialidad objetiva habida cuenta de que dicho procedimiento tenía como objeto hechos coincidentes e inescindibles" con su recurso.
Además, la sentencia del procés recoge "valoraciones fácticas y jurídicas" respecto a la conducta de Simo que "evidencia todo ello un posicionamiento preconcebido sobre la tipicidad penal de la misma y la negación de la debida aplicación de la inviolabilidad parlamentaria".
Porque la resolución proclama que los hechos atribuidos a los miembros de la Mesa del Parlament son constitutivos de un delito de desobediencia cuando dice que "el rechazo de las resoluciones del Tribunal Constitucional, dictadas por éste en el marco funcional que le es propio, es subsumible en el delito de desobediencia".
Asimismo, destaca que Del Moral y Arrieta formaron parte del tribunal que juzgó y condenó a ocho meses de inhabilitación al diputado catalán Joan Josep Nuet por un delito de desobediencia como miembro de la Mesa del Parlament.
Y en cuanto a Lamela, recuerda que ella fue la instructora del procés en la Audiencia Nacional antes de que el Supremo asumiera el procedimiento. EFE
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