Bruselas, 30 may (EFECOM).- El Consejo de la UE adoptó hoy definitivamente la Directiva que promueve el "derecho a reparar" y que busca facilitar que los consumidores puedan arreglar productos como teléfonos móviles, lavadoras o aspiradores en lugar de adquirir nuevos para impulsar la economía circular.
"Consagra un nuevo derecho para los consumidores: el derecho a que los productos defectuosos sean reparados de manera más fácil, económica y rápida. También da a los fabricantes el incentivo para hacer productos que duren más y puedan ser reparados, reutilizados y reciclados", declaró en un comunicado la secretaria de Estado belga de Protección de los Consumidores, Alexia Bertrand.
El titular belga, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, agregó que la nueva normativa también "hace de la reparación una actividad económica más atractiva que puede crear empleos de calidad en Europa".
"Todos los actores económicos ganan, y también lo hace el medio ambiente", dijo Bertrand.
La Directiva, planteada por la Comisión Europea y pactada por el Consejo y el Parlamento el pasado febrero, pretende alargar la vida útil de los productos a través de "un conjunto de herramientas e incentivos para hacer que la reparación sea más atractiva para los consumidores".
Incluyen exigir a los fabricantes que reparen productos que sean técnicamente reparables según la ley de la UE, la disponibilidad de un formulario de reparación voluntario con información clara sobre el proceso de reparación, facilitar que los consumidores encuentren servicios de reparación y ampliar la garantía legal por 12 meses si los consumidores eligen la reparación en lugar de la sustitución.
Las reglas también recogen que los fabricantes tendrán que ofrecer repuestos y herramientas a un precio razonable y prohíben el uso de cláusulas contractuales o prácticas informáticas para obstaculizar las reparaciones, por ejemplo, impedir el uso de piezas de repuesto de segunda mano o suministradas en 3D por parte de reparadores independientes.
Los Estados miembros tiene 24 meses para trasladar las normas a su legislación nacional. EFECOM
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