Fiscalía retira la acusación a la exdiputada Elvira Suances, al peluquero de Zaplana y al empresario Salas

La Fiscalía Anticorrupción ha retirado la acusación a la exdiputada 'popular' Elvira Suances, a Pedro Romero, el peluquero del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana, y al empresario Ángel Salas. Así lo ha avanzado el fiscal Pablo Ponce en el momento de elevar a definitivas las conclusiones de su escrito en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra Zaplana y otras 14 personas más por Erial. En este procedimiento se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. Junto a esta retirada de penas, el fiscal ha anunciado modificaciones para otros acusados en la causa, aunque no las ha concretado todavía. Respecto a Elvira Suances, Pedro Romero y Ángel Salas ha indicado que ha decidido retirarles la acusación puesto que de la prueba practicada en la instrucción y en el acto de juicio considera insuficientes los indicios para mantenerles en el procedimiento. Para Zaplana reclamaba inicialmente 19 años de prisión mientras que para su testaferro confeso, Joaquín Miguel Barceló, quien titulaba el dinero desviado que acabó distribuido en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra --donde se localizaron 9,8 millones de euros--, pedía ocho años en su escrito de calificación provisional. Zaplana siempre ha negado los hechos que se le atribuyen y, sin embargo, el fiscal le reclama 19 años de cárcel por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa. Además, le solicita una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros. El fiscal anticorrupción cifra en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización, un grupo acusado de operar a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico, según consta en la calificación de la acusación pública. De este importe, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas.