Fiscal:La fallida Ciudad Judicial de Aguirre fue un parque temático de publicidad política

Madrid, 20 may (EFE).- El fiscal ha dicho en el juicio de la fallida Ciudad de la Justicia de Madrid que los acusados contrataron "a dedo", la convirtieron en un "parque temático" con gastos descomunales y solo les importaba la publicidad y el "autobombo" del "proyecto estrella" del Gobierno autonómico del PP de la época de Esperanza Aguirre.

La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes la vista con la fase de conclusiones definitivas en la que el fiscal ha mantenido su petición de ocho años de prisión para el exvicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y seis para los otros cinco acusados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por contratos adjudicados entre 2005 y 2008.

Además para Alfredo Prada, que también era consejero de Justicia, ha solicitado que sea condenado a 13 años de inhabilitación.

Junto a Prada se sientan en el banquillo cinco exdirectivos de Campus de la Justicia, la empresa pública creada por la Comunidad de Madrid para implantar el proyecto, entre ellos el que fuera su director de seguridad, el policía Andrés Gómez Gordo, también investigado en el caso Kitchen, seguido por un supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Durante su informe el fiscal ha destacado que este fallido proyecto provocó la pérdida de unos 332 millones de euros en la etapa de Prada para que "el responsable político se pusiera la medalla", por lo que al igual que el letrado de la Comunidad de Madrid ha reclamado que los acusados paguen las indemnizaciones correspondientes por las adjudicaciones ilegales.

"Convirtieron la Ciudad de la Justicia en un parque temático en el que solo importaba la publicidad del proyecto estrella para lo que inundaron Madrid con miles de folletos", ha comentado el fiscal.

Y ha abundado en que "esto no lo hacen ni las empresas privadas y por ejemplo para la reforma del estadio Santiago Bernabéu no se han repartido mupis (soportes publicitarios) como sí se hizo con la Ciudad de la Justicia".

Ha puesto como ejemplo de contrato "a dedo" el suscrito con el arquitecto Norman Foster por más de 13 millones de euros para la redacción del proyecto de dos de los catorce edificios que se pretendían construir, los del Tribunal Superior y la Audiencia Provincial. Finalmente solo se construyó el destinado al Instituto de Medicina Legal.

Ha recordado que Prada encargó contratar a Foster después de que Aguirre preguntara cuál era el mejor arquitecto del mundo y que la adjudicación se tramitó como un procedimiento negociado sin publicidad para evitar el concurso abierto.

Y ha añadido que el exconsejero se empeñó en contratar a un despacho de abogados para asesoramiento en la tramitación de los contratos en lugar de recurrir a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.

En todo caso ha sentenciado: "A criterio de la Cámara de Cuentas los contratos sospechosos eran más y aquí hemos analizado los mas 'cantosos'".

El abogado de la acusación ejercida por la Comunidad de Madrid ha mantenido su petición de 13 años y 3 meses de cárcel y 49 años de inhabilitación para Prada, 11 años de prisión para Andrés Gómez Gordo y otros tres acusados y dos años y 3 meses para el sexto.

Ha destacado que los contratos, "con importes sobredimensionados y gastos desbocados", se adjudicaron sin controles y sin que Prada diera ni siquiera cuenta a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Y ha comentado que Prada tomaba las decisiones con "imposición de poder" como cuando dijo que "a Foster había que contratarle sí o sí".

Este lunes también ha emitido su informe el abogado de Prada, que ha pedido la absolución de su defendido al estimar que no cometió dichos delitos ni se enriqueció con su cargo y que fue una decisión política la que determinó no seguir con el proyecto, que se vio afectado por la crisis económica mundial.

Ha añadido que le obligaron a asumir la presidencia de esta sociedad, que siempre firmó adjudicaciones que pasaban por las mesas de contratación y la Secretaría General Técnica con conocimiento del Consejo de Gobierno y la presidenta y que la contratación de Foster fue una decisión del Ejecutivo regional.EFE

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