Piden penas de hasta 3 años por el robo de móviles para facilitar la prisión preventiva

Barcelona, 5 mar (EFE).- El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) propone como medida disuasoria que robar un móvil u otro dispositivo electrónico o tecnológico se castigue con entre uno y tres años de cárcel, lo que cree que facilitaría a los jueces enviar a prisión preventiva a los ladrones, aunque no tengan antecedentes.

Así consta en las propuestas legislativas que ha planteado el Colegio de Abogados de Barcelona para combatir fenómenos como la multirreincidencia o la okupación delincuencial, entre las que también figuran modificaciones legales para que los desalojos se lleven a cabo en un máximo de 48 horas, y no con la media actual de 20 meses.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha presidio la presentación de estas medias, ha reclamado al Gobierno y a la Generalitat más medios judiciales para solventar la actual "infradotación" que permite a los multirreicidentes "reírse" de la policía y del sistema judicial.

Sin entrar a valorar las propuestas del ICAB, Collboni ha considerado un "despropósito" que la Urbana y los Mossos incrementen su dotación en Barcelona y que aumenten las detenciones, pero que luego en los juzgados se produzca un "tapón" y que los juicios rápidos para multirreincientes, que tendrían que ser en un máximo de dos semanas, se fijen a un año vista.

En concreto, el ICAB plantea incorporar un décimo punto en el artículo 235.1 del Código Penal, para que se castiguen con penas de entre uno y tres años de cárcel, como hurto agravado, a los ladrones cuando los objetos sustraídos sean dispositivos electrónicos o tecnológicos.

De esta forma, se equipararía el robo de un teléfono móvil -independientemente de si su valor supera los 400 euros-, con el de artículos de valor artístico, histórico, cultural o científico, de primera necesidad, cableado o de infraestructuras eléctricas o agrarios y ganaderos.

El decano el ICAB, Jesús M. Sánchez, ha resaltado que si a alguien le roban el móvil "le quitan la vida", ya que allí tiene su privacidad y claves personales, por lo que es un delito que por sí mismo debe tener entidad suficiente para que un juez pueda enviar a prisión preventiva al ladrón y así lanzar un mensaje disuasorio.

Respecto de la okupación de viviendas, los abogados Cristina Vallejo y Vicente Pérez Daudí han advertido de que desde 2017 a 2021 se dispararon un 62,6 % en España -de 10.619 a 17.274-, y que en 2022 se produjeron 10.220, de ellas 4.341 en Barcelona.

Pese a ello, han denunciado que actualmente el proceso para que un propietario recupere su vivienda okupada se alarga una media de veinte meses, lo que "incentiva" este tipo de prácticas, también por el hecho de que en los países fronterizos se han endurecido las penas y los desalojos se logran en 24 o 48 horas, por lo que las mafias organizadas saben que en España no hay un "sistema eficaz".

Por este motivo, plantean que el Código Penal recoja que el allanamiento de morada y la usurpación de vivienda sean un delito flagrante, para que los jueces puedan ordenar los desalojos en un plazo máximo de 48 horas. EFE

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