Madrid, 20 feb (EFECOM).- El Gobierno ha iniciado los trámites para recuperar la Comisión Nacional de la Energía (CNE), ente que reguló los sistemas energéticos hasta que en 2013, bajo la presidencia del popular Mariano Rajoy, sus funciones fueron asumidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El germen de la CNE se encuentra en la Ley 40/1994, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, un texto promulgado durante el cuarto y último gobierno del socialista Felipe González dirigido a garantizar la seguridad del suministro eléctrico, "al menor coste y con una calidad adecuada".
La ley creó entonces una Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, adscrita al Ministerio de Industria y Energía, como regulador del sistema, para velar por la "objetividad y transparencia de su funcionamiento", garantizando la independencia de sus miembros.
Entre sus funciones estaba la de actuar como órgano consultivo de la Administración, participar en el proceso de planificación eléctrica y de elaboración de proyectos de determinación de tarifas y retribución del sector, aprobar las normas de transporte actuar como órgano arbitral entre sujetos del sistema y proponer la apertura de expedientes sancionadores.
La normativa preveía un consejo de administración compuesto por el presidente, representante legal de la Comisión, y seis vocales, todos "personas de reconocida competencia técnica y profesional", nombrados por un periodo de cinco años mediante real decreto y previa comparecencia en el Congreso para constatar su idoneidad.
Meses más tarde, en abril de 1995, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el nombramiento como presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional del antiguo secretario de Estado de Economía -también de Comercio- Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a la postre gobernador del Banco de España.
En 1998, durante la presidencia de José María Aznar, el regulador pasó a abarcar otros sistemas más allá del eléctrico y se transformó en la Comisión Nacional de Energía o CNE, ante la interdependencia de los sectores energéticos, la similar problemática de algunos de ellos y la progresiva interrelación empresarial.
Estas circunstancias hacían recomendable "atribuir a un único órgano la regulación y vigilancia del mercado energético, para garantizar su transparencia y coordinar adecuadamente los criterios de resolución de los asuntos que conozca", rezaba la ley.
No obstante, 2001 fue, realmente, el primer ejercicio en el que la CNE, presidida entonces por el abogado del Estado Pedro Meroño, asumió las funciones en todos los mercados energéticos, electricidad, gas y petróleo y sus derivados.
En su caso, la Comisión estaba regida por un consejo de administración compuesto por un presidente, ocho vocales y un secretario con voz pero sin voto, nombrados por un período de seis años ampliable a otros seis.
Eso sí, planteaba una renovación parcial de sus miembros cada tres años que afectaría alternativamente a cuatro o cinco de sus integrantes según correspondiera.
Esta disposición funcionó hasta 2013, cuando la CNE se integró en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, un organismo que aunó a la casi decena de supervisores vinculados a los mercados de productos y servicios que existían en España.
La filosofía, explicaba la normativa, no era otra que evolucionar hacia la misma senda de los países del entorno, basada en un modelo multisectorial, especialmente si se tiene en cuenta el entorno de austeridad de la Administración Pública tras la crisis económica.
En su pacto de investidura, PSOE y Sumar ya proponían recuperar la CNE como un organismo regulador especializado que cuente con los recursos adecuados para abordar la "necesaria modernización" regulatoria de cara a preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática de inspección y seguimiento.
Como parte del restablecimiento de esta autoridad se actualizarán sus funciones, se reforzarán sus medios y contará con un fondo específico para la gestión y liquidación de los sistemas de electricidad y gasista en las actividades reguladas.
El nuevo organismo asume funciones regulatorias, consultivas, de asesoramiento y resolución de conflictos entre operadores. Añade nuevos vectores energéticos como el hidrógeno y los gases renovables, refuerza las funciones de inspección, vela por la resolución de las quejas de consumidores e incorpora la descarbonización.
La CNE estará adscrita al Ministerio, ejercerá sus funciones a través del consejo y el presidente y contará con tres direcciones de instrucción: la de Electricidad, la de Hidrocarburos y Nuevos combustibles y la de Inspección, de nuevo cuño, para reforzar su labor supervisora. EFECOM
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