Madrid, 19 dic (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una subvención de 100 millones de euros a Canarias para financiar ayudas que compensarán los daños económicos producidos a personas físicas y empresas como consecuencia directa o indirecta de la erupción volcánica en la isla de La Palma.
Según ha indicado el Ministerio de Política Territorial en un comunicado, el principal objetivo de estas ayudas es "reparar" o "compensar" la totalidad de los daños sufridos en todo tipo de bienes y actividades realizadas por las personas y entidades afectadas por la erupción del volcán.
"Estas ayudas permitirán recuperar la actividad personal, familiar, profesional, social y económica, en condiciones de calidad de vida equivalentes a las que tenían antes de la erupción", reza la nota de prensa.
Estas ayudas podrán tener carácter complementario y serán compatibles con otras subvenciones, indemnizaciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de sistemas públicos o privados, nacionales o internacionales.
Los 100 millones de euros que se han concedido a Canarias tras la propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres -de quien depende el Comisionado especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma- ha destacado que esta transferencia es "una muestra más" de que el Gobierno de España "sigue cumpliendo" con los compromisos adquiridos con La Palma.
Según el ministerio, serán subvencionables los daños materiales "en toda clase de bienes, incluyendo la destrucción o inutilización de viviendas y edificaciones complementarias, así como las edificaciones, instalaciones y bienes afectos a actividades empresariales, entre ellas las agrarias, que constituyan un perjuicio derivado de la erupción del volcán".
También se podrán subvencionar los daños materiales derivados de la desaparición o imposibilidad de continuar las actividades propias de las distintas explotaciones económicas, empresariales y profesionales -en especial las explotaciones agrarias que constituyan un perjuicio derivado de la erupción del volcán- y cualquier otro daño que, "debidamente acreditado", constituya un "perjuicio" derivado de la erupción del volcán. EFE
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