
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado el despido disciplinario de una auxiliar de geriatría porque la trabajadora presentó la demanda judicial fuera del plazo legal de 20 días hábiles que establece la ley para impugnar un despido.
La trabajadora prestaba servicios en una residencia con un contrato indefinido. El caso se originó cuando la directora de la residencia detectó varias irregularidades en el turno de noche. Según el pliego de cargos, la trabajadora no reponía los pañales en los armarios de los residentes, no realizaba las rondas de baño y cambios de pañal establecidos, y dejó a una residente sola 20 minutos en el baño. La situación escaló cuando la directora criticó su actitud. Según consta en el expediente, la empleada respondió ante cada instrucción de su superiora: “¡Pues no lo pienso hacer! ¡Eso es culpa de la del otro turno y no lo pienso hacer! ¡No pienso coger una fregona!”.
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Al día siguiente, una compañera del turno de noche confirmó a la directora que la mujer no había realizado ninguna de las tareas de limpieza que le habían asignado y que se había sentado a observar cómo ella limpiaba sola toda la residencia. Por tanto, la trabajadora fue despedida, acusada de abandono de tareas y desobediencia. La extinción del contrato se le comunicó con una carta entregada en el domicilio personal de la mujer, y no en el despacho de su abogada, pese a que así lo había solicitado la trabajadora.
La mujer llevó su despido a los tribunales, pero su caso no fue aceptado por un error de procedimiento: desde la entrega de la carta de despido, la empleada tenía 20 días hábiles para presentar su impugnación, pero lo hizo cinco días después de que venciera el plazo legal. Como consecuencia, apeló de nuevo ante el Tribunal Superior de Justicia.
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El debate central del caso
La defensa de la mujer argumentó que la notificación no debió hacerse en el domicilio personal, sino en el despacho profesional de su letrada. Si esa notificación se declaraba como no válida, el plazo de caducidad nunca habría comenzado a correr. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado ese planteamiento. La Sala señaló que las notificaciones son válidas siempre que el interesado reciba el contenido íntegro y quede constancia de la fecha y la identidad del destinatario. El tribunal añadió que la trabajadora no había nombrado formalmente a su abogada como representante legal, sino que únicamente había indicado un domicilio preferente para notificaciones.
Además, el tribunal destacó otro dato que consideró decisivo: la propia demanda de la trabajadora reconocía que había recibido un mensaje de la Tesorería General de la Seguridad Social informando de su baja en el sistema. Ante eso, contactó con la residencia, que le confirmó el despido. Cuando llegó el burofax a su domicilio, ya conocía la situación desde días antes.
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La tardanza en presentar la impugnación ha provocado que el juzgado no entrara a valorar otros aspectos del caso. La empleada, por ejemplo, alegaba que el despido constituía una discriminación por encontrarse en situación de incapacidad temporal —una baja médica por problemas de menisco— en el momento en que se le comunicó la sanción. También cuestionaba la proporcionalidad de la sanción de despido.
La Sala de lo Social también descartó dos alegaciones de carácter procesal. La primera sostenía que la sentencia de instancia no había motivado suficientemente la caducidad apreciada. La segunda afirmaba que el juzgado había omitido pronunciarse sobre la notificación al domicilio personal. El tribunal respondió que la magistrada de Lleida sí había razonado ambas cuestiones de forma expresa, aunque pudiera discreparse de sus conclusiones. Sin embargo, el recurso fue presentado sin indicar el cauce procesal correspondiente para cada alegación —infracción procesal, revisión de hechos o censura jurídica—, lo que, según la Sala, dificultó notablemente la comprensión de lo que se pedía.
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