Los funcionarios se pasan a la sanidad pública: ya la eligen uno de cada tres mutualistas de Muface ante la denegación de pruebas e intervenciones quirúrgicas

Frente Amplio y Podemos han incluido en sus programas electorales integrar Muface en el Sistema Nacional de Salud

El Consejo General de Muface aprueba su Plan Operativo Anual para 2026 y el Plan Estratégico 2026-2028. (Europa Press)
El Consejo General de Muface aprueba su Plan Operativo Anual para 2026 y el Plan Estratégico 2026-2028. (Europa Press)
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Frente Amplio y Podemos han incluido en sus programas electorales una polémica propuesta: integrar Muface en el Sistema Nacional de Salud. Ante esta propuesta que pone en peligro el mutualismo administrativo, CSIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, se ha opuesto completamente. Sin embargo, si miramos los datos, existe un giro sostenido hacia la sanidad pública: la proporción de funcionarios que opta por esa vía pasó del 32% a cierre de 2024 al 37,1% a finales de 2025.

El partido liderado por Ada Colau defiende en su programa “la integración definitiva de todas las mutuas de funcionarios al Sistema Nacional de Salud”, una propuesta que abarca también a Mugeju, la mutualidad de jueces y fiscales, y a Isfas, la de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. CSIF, el sindicato mayoritario entre el personal de la función pública, respondió que “no va a aceptar que se utilice el debate sobre su funcionamiento o financiación como excusa para desmantelarlo”. La organización ha advertido además que la desaparición del mutualismo “saturaría el ya tensionado Sistema Nacional de Salud”.

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Los datos de Datos Abiertos, el repositorio estadístico que publica la propia mutualidad, muestran que Muface cerró 2025 con 732.518 titulares adscritos a entidades sanitarias concertadas y 432.593 en servicios públicos de salud. Un año antes, al cierre de 2024, la distribución era de 68% para la opción concertada y 32% para la pública, según consta en la Memoria 2024 de la mutualidad.

CSIF amenaza con movilizaciones si el Gobierno desmantela Muface. (Europa Press)
CSIF amenaza con movilizaciones si el Gobierno desmantela Muface. (Europa Press)

El viraje hacia la sanidad pública no respondió únicamente a una decisión política o a una preferencia creciente entre los funcionarios. Tuvo, sobre todo, un desencadenante concreto: la salida de DKV Seguros del concierto sanitario en mayo de 2025. Según el informe presentado en la segunda sesión anual del Consejo General de Muface, celebrada en julio de 2025, solo en mayo de ese año se registraron 209.763 cambios de entidad médica entre titulares mutualistas. De ese total, el 88% —equivalente a 185.567 cambios— correspondió a traspasos forzosos de personas que estaban adscritas a DKV y debieron elegir una nueva entidad.

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Solo 24.196 cambios fueron realmente voluntarios, una distinción que la propia Muface recoge en su documentación oficial. En junio de 2025 se sumaron otros 9.037 cambios de entidad. Como resultado de ese proceso, la distribución del colectivo pasó de 64,7% concertada y 35,3% pública en enero de 2025 a 64% y 36% respectivamente tras consolidar los datos de mayo, un incremento de cuatro puntos porcentuales para la opción pública respecto a diciembre de 2024.

El colectivo total de Muface sigue en máximos históricos

Pese al desplazamiento hacia la sanidad pública, el número total de personas cubiertas por la mutualidad no se redujo. La Memoria 2024 documenta un colectivo de 1.572.164 personas a 31 de diciembre de ese año, entre 1.142.571 titulares y 429.593 beneficiarios, con un aumento neto de 34.463 mutualistas respecto a 2023. El documento señala que se trató del quinto año consecutivo de crecimiento del colectivo.

A cierre de 2025, según los Datos Abiertos más recientes, el total ascendió a 1.568.298 mutualistas entre titulares y beneficiarios, de los cuales 906.660 son mujeres. Contando únicamente a los titulares, sin beneficiarios, la cifra se situó en 1.169.111 personas.

Quejas por denegación de tratamientos en la vía concertada

El debate sobre el futuro de Muface coincide con denuncias sobre la calidad de la asistencia en la vía concertada. CSIF ha reportado casos de denegación de pruebas PET, negativa a intervenciones quirúrgicas con técnicas prescritas y rechazo a la dispensación de medicación hospitalaria.

Mónica García, ministra de Sanidad, este domingo en la manifestación en Madrid en defensa de la sanidad pública.

El concierto sanitario vigente, firmado el 30 de abril de 2025 con las aseguradoras SegurCaixa Adeslas y Asisa, tiene efectos hasta el 31 de diciembre de 2027 y cubre a 734.000 titulares y 280.000 beneficiarios, con un presupuesto total de 4.808,5 millones de euros, según los términos del acuerdo publicados en el Boletín Oficial del Estado.

En enero de 2026, 30.711 titulares ejercieron su derecho al cambio de entidad, de los cuales 4.281 decidieron pasarse a la sanidad pública, un movimiento que se suma a la tendencia observada durante 2025 y que mantiene abierto el debate sobre la sostenibilidad del modelo de mutualismo administrativo en los próximos años.

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