La Audiencia Provincial de Cantabria ha estimado que los tribunales españoles no son competentes para tramitar la adopción de dos menores de Sierra Leona solicitada por un matrimonio de ciudadanos españoles que reside en Dubái. La sala ha rechazado el recurso de apelación de la pareja, que ya había perdido el caso en primera instancia en Santander.
La resolución establece un límite claro: ser español no es suficiente para que la justicia de España intervenga en una adopción internacional cuando los lazos reales con el país son prácticamente inexistentes.
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En 2020, este matrimonio español adoptó a dos menores en Sierra Leona. Desde entonces, la familia reside en Dubái, donde desarrolla su vida laboral, familiar y social. El único vínculo que alegaron con España es una vivienda en Cantabria que presentaron como su “última residencia” en el país. La sala descartó este argumento. Los tribunales españoles son competentes en adopciones internacionales cuando los que quieren adoptar son españoles o tienen residencia habitual en España. La pareja cumple el primero de esos requisitos por su nacionalidad, pero la sala consideró que ese criterio, aplicado de forma aislada, genera lo que el derecho llama un “fuero exorbitante”: una base de competencia desproporcionada respecto a la conexión real con España.
La Ley 54/2007 de Adopción Internacional —la norma que regula estas materias en España— establece los fueros de competencia “con carácter general”, una expresión que la sala interpretó como señal de que existen excepciones. Esa lectura no es nueva: la propia exposición de motivos de la ley ordena a jueces y tribunales no constituir una adopción internacional si el caso “no aparece mínimamente conectado con España”. En este caso, el único nexo era la nacionalidad española de los solicitantes. Los menores nacieron en Sierra Leona. La familia vive en Dubái. Nadie alegó un proyecto de traslado a España. Bajo esas circunstancias, la competencia de un tribunal español resultaría, en palabras de la resolución, “a todas luces” difícil de sostener en el extranjero.
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El riesgo de las adopciones claudicantes
Detrás de la decisión hay una preocupación práctica de fondo: evitar las llamadas “adopciones claudicantes”. Se trata de adopciones que son válidas en el país que las constituye, pero que no tienen ningún efecto —o directamente no existen— en el país donde la familia vive o donde los menores tienen su origen. Una adopción dictada por un juez en Santander, en el caso de una familia asentada en Dubái con menores de Sierra Leona, correría ese riesgo. La sentencia no tendría garantía de reconocimiento allí donde debería surtir efectos. La sala subrayó que ese es el escenario exacto que el derecho internacional privado busca evitar.
La pareja planteó tres líneas de defensa en su recurso. Primero, que el juzgado había dado curso al expediente tras un examen inicial de competencia, lo que generaba —según ellos— una expectativa legítima. La sala respondió que ese trámite inicial es un impulso procesal, no una declaración de competencia. Segundo, que debía prevalecer el principio del interés superior del menor. La Audiencia aclaró que ese principio rige la aplicación del derecho sustantivo —es decir, cómo se tramita una adopción una vez que se acepta conocerla—, pero no determina qué tribunal es competente para abrirla. Tercero, que la Ley 54/2007 los ampara por su condición de ciudadanos españoles. La sala reconoció que esa lectura es formalmente correcta, pero señaló que los fueros generales admiten una reducción cuando su aplicación produce resultados irrazonables.
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La sala decidió no imponer las costas del proceso de apelación a la pareja. El fundamento fue que el caso plantea dudas jurídicas genuinas: la tensión entre los fueros formales de competencia y la exigencia de una conexión real con España es una cuestión que la doctrina y la jurisprudencia aún no han cerrado de forma uniforme.
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