Los consulados españoles alertan de que llevará años identificar a los nacionalizados por la ley de nietos que no tienen derecho a voto: “Es imposible en cinco días”

Los trabajadores en los consulados españoles advierten de que la revisión del censo electoral para identificar a los beneficiados por la ley de nietos a través de la polémica instrucción del Ministerio de Justicia llevará “años”. “Es imposible que realicemos una tarea que duró tres años en cinco días”, afirma una fuente en el consulado español en Buenos Aires consultada por Infobae.

El Tribunal Supremo, a petición de Vox e Iustitia Europa, decretó la suspensión del derecho de voto a unas 163.020 personas. Todas ellas fueron nacionalizadas por la ley de nietos, pero no llegaron a tiempo a inscribirse en el último censo electoral, que cerró el pasado 1 de septiembre por decisión judicial. La sentencia ordenaba rechazar los nuevos registros hasta identificar todos los expedientes dudosos y, para ello, reclamó a la administración que aportase la información de estas personas en un plazo de apenas una semana.

La ley de nietos es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual. La sentencia no se dirigió a la norma en sí, sino a la instrucción aprobada en 2022, que amplió el alcance de la ley: interpreta que los españoles que abandonaron el país entre 1936, cuando comenzó la Guerra Civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco, serían considerados, per se, como exiliados.

En septiembre, cuando empezó el proceso judicial, la suspensión se barajaba como una opción ante eventuales procesos electorales futuros. Pero el adelanto electoral obligó a los tribunales a decretar el cierre de nuevas inscripciones. La mayoría de la sala entendió que el adelanto reforzaba la necesidad de garantizar la “corrección, claridad y transparencia” del proceso. Los magistrados consideraron que el incremento del CERA ligado a la ley de nietos podría comprometer la exactitud de las relaciones de electores y de sus adscripciones territoriales.

Revisión a mano, uno por uno

Desde los consulados acreditan la imposibilidad material de revisar a tiempo estos expedientes porque, aseguran, esta revisión no puede llevarse a cabo automáticamente mediante un filtrado en las bases de datos. “Los expedientes de todas estas personas se deben revisar a mano, una por una. Y cada expediente te puede llevar entre 30 minutos y una hora. Hablan de 130.000 personas ¿Cómo lo haces en cinco días?”, asevera la misma fuente.

La medida afecta a expedientes que ya habían sido resueltos, pero que están pendientes de inscripción en el CERA. Aún quedan decenas de miles de solicitudes pendientes, cuya tramitación podría extenderse durante años e incluso décadas. Los consulados afrontan la avalancha de peticiones con las mismas plantillas fijas a las que tenían en el año 2000 y mediante la temporalidad o la contratación de empresas externas.

La entrada en vigor de la norma supuso la entrada, en el caso de la oficina en Buenos Aires, de más de 640.000 solicitudes (y solo en Argentina hay cinco consulados). Las cautelares seguirán vigentes, al menos, hasta que la administración termine de resolver todos los expedientes, un proceso que, de acuerdo con los expertos consultados por este periódico, podría alargarse años.

La derecha siembra dudas de pucherazo y el Gobierno carga contra la decisión

El enredo judicial ha entrado de lleno en la precampaña electoral y todos los partidos han tomado posiciones sobre este asunto. Desde la derecha, PP y Vox han aprovechado para sembrar las dudas sobre un intento de pucherazo, argumentando que el Ejecutivo planeaba alterar el censo electoral “regalando nacionalidades”.

Por otro lado, el Gobierno de coalición y los partidos a la izquierda del PSOE han cargado enérgicamente contra la decisión del tribunal, que el propio líder del Ejecutivo calificó de “despropósito”. “La Justicia es la mayor amenaza a la democracia [...], no hay ningún precepto legal que permita quitarle a un nacional español su derecho al voto”, afirmó este martes la líder de Podemos, Ione Belarra.