Amnistía Internacional suma 28 nuevos casos de agresiones a migrantes en Ceuta por militares, policías y Guardia Civil

Amnistía Internacional (AI) ha elevado a 50 los casos documentados de agresiones cometidas por personal militar y fuerzas de seguridad contra migrantes en Ceuta desde el 30 de julio, cuando entraron de forma irregular miles de extranjeros a la ciudad autónoma, al sumar 28 nuevos episodios.

La entidad ha registrado 28 nuevos casos a los 22 que ya denunció en su primera investigación a finales de septiembre, constatando que los abusos en la ciudad autónoma han continuado desarrollándose de forma "persistente". En concreto, de estas nuevas agresiones, 22 corresponden a personal militar, seis a la Policía Nacional y una a la Guardia Civil.

De acuerdo con el nuevo trabajo de campo realizado por la organización entre el 23 y el 26 de octubre, hasta 18 de estos nuevos episodios de violencia ocurrieron con posterioridad al anuncio del Ministerio de Defensa de abrir una investigación interna para esclarecer las informaciones iniciales.

"Tras el anuncio del Ministerio de Defensa de la apertura de una investigación, era de esperar que cesaran los malos tratos, pero no ha sido así: son persistentes, y muestran la impunidad con la que los perpetradores de violaciones de derechos humanos han actuado y, en algunas ocasiones, siguen actuando", ha señalado AI.

La organización ha descrito un patrón sistemático en el que efectivos militares abordan durante la noche a personas migrantes que se encuentran "indefensas" durmiendo en la calle, despertándolas bruscamente a golpes de porra, patadas y puñetazos.

AI ha indicado que ha verificado mediante partes médicos y testimonios lesiones compatibles con defensas "rígidas" reglamentarias, fracturas en extremidades, traumatismos craneoencefálicos con puntos de sutura, descargas con armas Taser y rociadas con espray de pimienta.

Entre los relatos recabados por AI en este último viaje destaca el de un padre de tres hijos que denunció haber sido despertado sobre las tres de la madrugada del 24 de octubre en la carretera de Sidi Embarek tras recibir descargas directas en el pecho con un arma Taser. "Me mareé, vomité y me desvanecí, pero nadie me llevó al hospital. Cuando volví a despertar me fui andando, pero no conté lo que había pasado por miedo a preocupar a mi familia", cuenta.

Asimismo, la ONG ha recogido la agresión a un ciudadano tunecino de 40 años, presuntamente atacado en la playa Benítez. Según ha revelado AI, este hombre perdió la visión de un ojo durante dos semanas tras ser golpeado en el rostro, en el que supuso su segundo episodio de violencia militar.

"La primera vez, cuando les vi venir, mis compañeros me dijeron que huyera, pero yo pensaba que no tenía nada que ocultar, así que me quedé. Un soldado rajó mi tienda y me robaron el móvil, la documentación, 50 euros, el tabaco y los teléfonos", asegura el hombre.

Otro joven de 27 años denunció haber sido acorralado por un grupo de entre seis y ocho militares el 5 de octubre cerca de un supermercado, donde aseguró que le propinaron patadas y rociaron con espray de pimienta antes de ser trasladado al hospital por activistas humanitarios.

La organización ha documentado también casos "graves" previos a finales de septiembre. En uno de ellos, un joven de 20 años que trabajaba como mimo relató haber sido obligado a desnudarse a punta de pistola por un grupo de 16 soldados que le filmaban con teléfonos móviles mientras le exigían que bailara bajo amenazas de muerte.

"Desde ese día no duermo, apenas salgo a la calle, y cuando lo hago tengo la sensación de que los militares me miran. Aquí me conoce todo el mundo por hacer de mimo. Aunque he denunciado, lo que me han hecho nunca lo voy a poder olvidar", relata.

En otros episodios, las víctimas fueron maniatadas a árboles con bridas para recibir palizas o sufrieron la fractura de tobillos tras ser empujadas desde puentes.

La entidad ha alertado de la situación de "desprotección" en la que se encuentran los menores migrantes no acompañados en Ceuta, donde calcula que al menos 500 continúan durmiendo en las calles, "sin acceso a una alimentación adecuada, y expuestos a la violencia, tanto de miembros de las fuerzas militares y de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como de particulares".

ABUSOS CONTRA 13 MENORES

En esta segunda oleada de investigaciones, AI ha documentado abusos específicos contra 13 menores de edad. Entre ellos, se encuentra un joven de 17 años, presuntamente agredido dos veces en octubre con porrazos en la cabeza y golpes posteriores en las piernas mientras intentaba huir.

Los menores entrevistados por la ONG refieren bofetadas, amenazas directas y la destrucción deliberada o robo de sus teléfonos móviles y documentos por parte de los militares para impedir que contacten con sus familias o denuncien los hechos.

Del mismo modo, AI ha registrado siete casos de "malos tratos" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algunos en el marco de operativos policiales para desalojar a migrantes de zonas donde duermen.

Por otro lado, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el intento de "criminalización" que sufren las entidades de ayuda humanitaria en la ciudad autónoma. En concreto, la ONG ha tildado de "escalada" el registro judicial ejecutado el 22 de octubre en la sede de la organización No Name Kitchen y la apertura de un procedimiento penal por pretendido delito de organización criminal, acusación que AI considera carente de bases sólidas.

Para AI, el posicionamiento adoptado por la Fiscalía en este caso "contrasta radicalmente con la falta de proactividad en la investigación de alegaciones de torturas y malos tratos por parte de personal militar".

"Lo único que hacen estas organizaciones en Ceuta es proporcionar alimentos, atención médica y acompañamiento a personas muy vulnerables, la mayoría de las cuales están viviendo en la calle. Criminalizarles es impedir que trabajen y dejar aún más desamparados a quienes ya se encuentran en una situación precaria", ha subrayado.

CESE DE LOS ATAQUES

La organización considera que se debe ordenar a las fuerzas armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el cese "inmediato" de "todo ataque u hostigamiento contra personas migrantes, incluyendo palizas, humillaciones y vejaciones, así como las iniciativas de perfilamiento racial".

Entre otras medidas, ha reclamado a la Fiscalía instar a la concesión de autorizaciones temporales de residencia a las personas que interpongan denuncias por la violencia sufrida por parte de militares, así como a quienes puedan ser presentadas al procedimiento como testigos y se encuentren en situación administrativa irregular.

Además, en cuanto a No Name Kitchen, AI considera que se debe cerrar la investigación por organización criminal y ha insistido insiste en que "se debe garantizar que periodistas, personal de organizaciones humanitarias y activistas de derechos humanos puedan ejercer su labor en Ceuta sin ser objeto de agresiones, amenazas ni obstáculos".

Finalmente, AI ha informado de que se ha dirigido por carta a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Defensa, pidiendo órdenes expresas para el cese de la violencia contra migrantes en Ceuta, y solicitando información acerca de la investigación anunciada por el Ministerio de Defensa. Si bien, ha precisado que no ha obtenido respuesta.